La CONAGUA: corrupción e ineficiencia

Por: La Redacción

Hace por lo menos 30 años la CONAGUA debió poner orden en la explotación de los mantos subterráneos de agua en La Laguna. ¿Por qué no lo ha hecho si tiene la autoridad, los recursos legales, económicos y técnicos, además de la obligación? Sólo hay una respuesta posible: corrupción.

Roberto Rodríguez de la Parra y Jorge Herrera Caldera

Directores nacionales y regionales inician y terminan su gestión frente a la CONAGUA (entre ellos un lagunero que conocía íntimamente el tema, Cristóbal Jaime Jáquez) y no hacen nada por impedir que la sobre explotación siga su curso, hasta llegar a los niveles en que estamos hoy: las zonas urbanas invadidas ya por el hidroarsenisismo, problema que pudo perfectamente evitarse.

Las direcciones nacional y regional de la CONAGUA, si se camina por el lado correcto de la calle, debe ocuparlas alguien con estudios de ingeniería y especialista en cuestiones hidráulicas, pero su actual director, Roberto Ramírez de la Parra, es un abogado pasado a funcionario público, un político y, adivinó usted, otro más de los recomendados y todólogos protegidos de Enrique Peña Nietos salidos de su paso por el gobierno del Estado de México.

Ramírez de la Parra es abogado por la Escuela Libre de Derecho y maestro en administración de negocios por la Universidad de Phoenix, Arizona. Tiene 20 años en la nómina pública, en cargos  como coordinador jurídico de la Secretaría de Agua y Obra Pública del Estado de México con Enrique Peña Nieto, de donde se va a su campaña y a la grilla.

¿Qué sabe realmente de asuntos hidráulicos? Técnicamente nada, pero es amigo del presidente y de su delfín: Luis Videgaray. Su propósito no es arreglar los problemas hidráulicos de este país, que son muchos y muy críticos, sino hacer negocios, para eso estudió.

Viendo tal currículum, no extraña tanto que el pasado 9 de marzo haya anunciado, en su visita a La Laguna, que se construirá una gran planta potabilizadora y un acueducto para surtir de agua potable a la población de la región, con una inversión de nada menos que 5,918 millones de pesos, a realizarse en un plazo de siete años (del 2013 al 2020), lo que de entrada se escucha algo absurdo porque estamos en el 2017 y al sexenio federal ya no le queda tiempo.

Esto lo harán sin comprometerse a poner orden en el uso del agua en la región por parte del sector agropecuario. Es más, sin poner tan siquiera orden en la corrupción endémica de los encargados de los módulos de riego, un cochinero que tiene décadas y por el que se hacen todo tipo de enjuagues con la distribución del agua de riego donde, por supuesto, siempre los más perjudicados son los campesinos y los beneficiados aquellos que tienen con que comprar a los encargados de los módulos.

En el cinismo, Roberto Ramírez de la Parra utilizó una parábola: los agricultores laguneros tienen un Ferrari en cuanto a su tecnología para el ganado, pero un Volkswagen en el tema del agua. Y decimos cinismo porque enseguida citó las cifras de sobreexplotación de los mantos freáticos que todo mundo conoce: se extraen 1,100 millones de metros cúbicos anuales, de los cuales 660 millones se destinan al cultivo de la alfalfa, pero la recarga, en lo que es un cálculo optimistamente impreciso, es de tan solo 650 millones de metros cúbicos al año.


¿PROYECTO U OCURRENCIA?

Este proyecto no es nuevo, sino producto de los funcionarios del ineficiente y corrupto gobierno de Jorge Herrera Caldera, el reciente ex gobernador de Durango, quien ya lo había planteado bajo el nombre de “Agua Futura”, por lo que extraña aún más que lo haya presentado como un hecho el dirigente nacional de la CONAGUA.

Pero extraña aún más que Roberto Ramírez no se comprometió absolutamente a nada en torno al ordenamiento de la explotación y los problemas del agua en la región lagunera, cuando su cuenca se encuentra en focos rojos a nivel nacional.

Con esta política están condenando, literalmente, al acuífero, algo que es uno de los más grandes absurdos del desarrollo regional, porque el agotamiento de los mantos y su contaminación no sólo es grave para la población y la industria, sino para los propios productores agropecuarios, que verían extinguidos los recursos freáticos o contaminados a un nivel en que ya no sean utilizables.

En el discurso del funcionario hay verdaderas joyas de la ineptitud. “A nosotros nos interesa medir [la explotación real del agua] porque en la parte agrícola, hay la sospecha de que se está consumiendo más agua de la que se tiene concesionada, entonces hay que tratar de buscar cuidar esa agua y ver por qué se está consumiendo una cantidad mayor si es que esto es realidad”.

Es poco menos que increíble que un director nacional de la CONAGUA, que cuenta con un director de la cuenca que se ubica precisamente en La Laguna, haga este tipo de declaraciones, cuando debe tener información precisa sobre la problemática del acuífero en la región, algo que se supone han estudiado por décadas, o por lo menos para eso se le paga a toda una burocracia costosa y, por lo que se puede apreciar, corrupta.


¿DÓNDE ESTÁ EL PROYECTO?

De las declaraciones del director de la CONAGUA se puede desprender que el tal proyecto está en el aire; no se trata sino de una idea que le fue expuesta y que a él, por razones que desconocemos, le ha parecido “viable e interesante”.

No existe un proyecto ejecutivo, mucho menos técnico sobre la tal tratadora de agua potable. De inmediato las organizaciones ambientalistas han cuestionado el “proyecto”, el cual les ha tomado por asombro y además es considerado como el colmo de la ineptitud de la propia CONAGUA.

Sólo como referencia: ¿de dónde se van a obtener 6 mil millones de pesos cuando las finanzas públicas del gobierno federal y de los estatales se encuentran en una situación crítica? No hay ni idea al respecto.

El agua que se potabilizaría, porque se habla de tomarla de las presa Francisco Zarco o, más arriba, de la Lázaro Cárdenas, tiene propietarios y casi todos ellos son ejidatarios, a quienes se tendría que comprar los derechos de manera permanente o, peor aún, despojarlos de ellos, mientras que los grandes productores agropecuarios que están sobreexplotando el acuífero seguirían haciéndolo, lo que es considerado socialmente injusto por parte de las organizaciones ambientalistas, aunque el tema de la cuestión social es lo último que parece importarle a la CONAGUA.

Se puede percibir que no se ha tomado ni tan siquiera el consenso de los gobiernos estatales, pues en días posteriores el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, declaró que tal proyecto de una planta potabilizadora no es un hecho, sino que estaría a discusión.

¿Qué debería hacer la CONAGUA en La Laguna? Sencillamente lo que se ha planteado en muchísimos foros una y otra vez: primero, parar la extracción ilícita de al menos 400 mil metros cúbicos de agua por parte de los productos; segundo, obligar a la colocación de los medidores volumétricos en cada uno de los pozos autorizados y en operación; tercero, poner límites a la extensión de ciertos cultivos que están explotando la mayoría del agua, como lo es el alfalfa; cuarto, promover y exigir la tecnificación del riego y la optimización del uso del agua con fines agrícolas; quinto, limitar la explotación del agua con fines agropecuarios para garantizar una parte proporcional de las reservas a las necesidades de consumo de la población y de sectores económicos como el industrial, que consume poco pero necesita un abasto garantizado a largo plazo. En resumen, equilibrar el acuífero: permitir la explotación del acuífero por lo menos en una cantidad semejante a lo que entra, aunque debido a la sobreexplotación debería buscar la recuperación de las reservas.

Hay que tomar en cuenta que además de la explotación del acuífero subterráneo, los grandes productores agropecuarios han acaparado gran parte de los derechos del agua rodada que proviene de las presas, por lo que su gasto de agua es muchísimo mayor.

Hay una gran cantidad de ejidos completos rentados o comprados con todo y sus derechos de agua, lo que no es sino el reflejo del empobrecimiento progresivo del sector social y, como lo demuestran las estadísticas, su desaparición gradual.

La pregunta obligada con todo esto es: ¿a qué está jugando la CONAGUA? La respuesta la conoce todo mundo en la región: proteger la sobreexplotación del acuífero por parte de los grandes productores agropecuarios, por encima de cualquier interés social, inclusive por encima de cualquier escenario de sustentabilidad de la propia región lagunera.

¿A cambio de qué hace esto sexenio tras sexenio, sin importar inclusive qué partido ocupe la presidencia de la república? Corrupción, el gran mal nacional que nos está ahogando y pudriendo las instituciones más estratégicas del país.

Éste sí que es un tema importante de campaña electoral, pero sabe qué: ningún partido lo va a tratar.



Comentarios

Entradas populares