La planta tratadora: el fin de un robo al municipio

El pasado mes de octubre el gobierno municipal de Torreón que encabeza Miguel Riquelme Solís le ganó, de manera definitiva, el juicio a la empresa Ecoagua para la cancelación anticipada de la concesión de la Planta Tratadora de Aguas Residuales, evitándole al ayuntamiento tener que pagar más de 100 millones de pesos anuales hasta el 2021.

El hecho, que finca un precedente sumamente importante para el municipio, fue noticia de un día, cuando la resolución judicial significa que el SIMAS ya no pagará los 630 millones de pesos por causas del contrato que se hubiera continuado extendiendo por los 18.5 años que estaba pactado, pues se vencería hasta mediados de 2021. Esto representa un ahorro de casi cien millones de pesos por año, los que venía pagando en los últimos 12 años, hasta principios de 2015 cuando se decide emprender el juicio.

Quién sabe en qué estarán ocupados los estrategas de la imagen gubernamental, porque algo así merece una difusión muy amplia o, como se dice en el argot político: cacarear el huevo.

La Planta Tratadora de Aguas Residuales, ubicada en 170 hectáreas del ejido Rancho Alegre, fue desde el principio uno de los más grandes fraudes que se han cometido a través de una administración municipal, porque además de que fue obsoleta técnicamente desde el principio y nunca cumplió con las normas, el contrato es verdaderamente leonino y le costó al ayuntamiento más de 841 millones de pesos.

Hasta ahora nadie le ha pedido una explicación a Jorge Zermeño Infante del por qué, en los últimos días de su administración, le otorgó una concesión a Ecoagua, una empresa fantasma que en el contrato no registra dirección alguna, generando un compromiso al municipio de mil 450 millones de pesos, casi equivalente a todo el presupuesto anual del municipio para aquel año de 1999.

El otro responsable fue Salomón Juan Marcos Issa, quien como sucesor de Jorge Zermeño pudo haber parado el contrato, pues inclusive la Conagua se oponía al mismo por considerarlo anómalo. Tampoco se ha ventilado públicamente que el gran beneficiario de la mayor parte de esos 841 millones de pesos que erogó el ayuntamiento fue la empresa Peñoles, que hoy se ostenta como “socialmente responsable”, cuando arrastra una historia negra para la salud de los torreonenses.

Aunque no es una obra pública, el haber emprendido el juicio y haberlo ganado para terminar semejante concesión es, sin duda, el logro financiero más importante para el SIMAS en lo que va de este siglo y eso no puede ser noticia de un día, porque además sienta un precedente jurídico muy importante sobre el manejo de concesiones por parte de los ayuntamientos.


UN PRECEDENTE SOBRE CONCESIONES

A falta de dinero, los gobiernos municipales están recurriendo cada vez más a la figura de concesión para mejorar algunos servicios municipales y desarrollar obras de infraestructura, pero si estas concesiones no están bien negociadas y bien respaldadas jurídicamente, se pueden convertir en un pésimo trato para los intereses del municipio.

Ecoagua, según se puede demostrar documentalmente a través del contrato original y de lo que sucedió después, era, como se dijo anteriormente, una empresa fantasma creada exprofeso para obtener la concesión, la cual posteriormente fue adquirida por la empresa Peñoles, que la ha explotado hasta la fecha.

El gerente de SIMAS que estaba en funciones y quien firma el contrato fue Juan José Gómez Hernández, quien debió haber enfrentado responsabilidades por una concesión tan anómala, aunque en principio tal vez recibió indicaciones del alcalde, Jorge Zermeño Infante, pero debe de haberse llevado un gran beneficio.

Como siempre, uno de los empresarios del Consejo de SIMAS salió con contrato de obra para la planta. Alfa Construcciones, propiedad de Jaime Alegre del Cueto, hijo de Alberto Alegre Familiar, obtuvo un contrato externo que le otorgó Fypasa, que junto con Industrias del Agua S.A de C.V firman como obligados solidarios en el contrato, firmado el 12 de noviembre de 1999, a casi un mes de que concluyera el gobierno zermeñista.

El contrato le permitía a la empresa Ecoagua vender la concesión como si se tratara de un bien bursátil, lo que hizo en la práctica.

El esquema financiero con base en el cual se realizó la planta, implicó una inversión supuesta de 205 millones de pesos, cuando el presupuesto que ganó en la amañada licitación era de tan sólo 175 millones. Pero ya en su gobierno, Guillermo Anaya Llamas afirmó que la inversión había ascendido a 272 millones de pesos, cien millones más de lo pactado en la licitación. De este dinero el 66 por ciento fue aportación de carácter oficial, lo que hace aún más absurda la concesión.

La Conagua, cuyo gerente regional era Raúl Cuellar Chávez, se opuso terminantemente a la concesión de la planta tratadora y negó la aportación de 16 millones, que se supone corresponderían al 9 por ciento de la inversión total, pero hubo, en la versión que dieron los propios funcionarios de SIMAS a Revista de Coahuila en 2001, “un contacto en la ciudad de México que nos arregló todo en Conagua”.
Raúl Cuellar Chávez fue removido de su cargo en la Conagua y acusado de corrupción, además de inhabilitado para el ejercicio de la función pública por 15 años; por lo menos ésa era la sanción original. Con su salida fluyó el crédito, pero de los 16 millones que aportó la Conagua, inexplicablemente, no aparecieron 2 millones 290 mil pesos en la mezcla final de recursos para la construcción de la planta. ¿Dónde quedó ese dinero? Nadie dio una explicación, porque además nadie la pidió, eso sólo lo saben los involucrados directos que operaron ese dinero en el periodo de Salomón Juan Marcos Issa.

Desde el principio, esta concesión fue más negra y maloliente que las mismas aguas residuales que maneja la planta tratadora. Un caso más de corrupción y de daño a la ciudadanía, de ahí la importancia de lo que ha sucedido, pero que ha pasado casi desapercibido, no obstante todo el trasfondo que ha implicado.

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