La corrupción son ellos

Portada #302
noviembre 2015


Por: Álvaro González


Utilizando la misma retórica del cinismo, Enrique Peña Nieto ha repetido aquella frase de José López Portillo: “la corrupción somos todos”, pero añadió “el que esté libre de culpa que tire la primera piedra”, lo que equivale a decir que en este país todos somos corruptos, sin excepción: un insulto más al mexicano común, al que vive en la medianía o la pobreza con el esfuerzo de su trabajo y lo hace con decencia. El sistema político mexicano es en sí la corrupción, ¿pero desde cuándo?

Aun los reyes y pontífices tenían obligaciones legales y éticas para manejar los asuntos públicos y privados; cuando las rompen inicia la decadencia, que lleva a la caída de las monarquías y a las guerras de independencia, donde, principalmente, se restablecen las repúblicas y el poder, por lo menos en la teoría, se trasfiere al pueblo, ya no viene de Dios sino de una constitución que establece un estado de derecho al cual, universalmente, están obligados todos los miembros de esa sociedad, aunque la constitución sigue estando inspirada en los valores de la filosofía grecolatina y romana, sólo que ahora en formas de lo que llamamos liberalismo.

Abreviando y para no hacer historia, las democracias contemporáneas se rigen por una constitución y todas las leyes que de ella emanan, de tal manera que toda esta parafernalia de las contralorías, los institutos de transparencia y demás inventos burocráticos, incluida la más reciente del 3 de 3, no tienen razón de ser si se la ley se aplicara, llana y simplemente.

Benito Juárez amaba el poder y hubiera estado en él toda su vida si no muere de un padecimiento cardiaco a mitad de sus sesentas, cuando ya tenía 15 años gobernando; mientras que Porfirio Díaz, quien peleaba contra Juárez por ese motivo, también amaba el poder y pudo ejercerlo el doble de años. ¿Porque Juárez fue un hombre intachablemente honesto, lo mismo que los grandes liberales del siglo XIX, quienes eran anticlericales pero tenían un código de conducta estricto? Ejercieron el poder y pudieron haberlo aprovechado en beneficio de ellos y de sus familias, pero creían en la ley y en lo que le da fundamento a esto, pero, lo más importante, se apegaban a ella en su conducta personal y estaban dispuestos a aplicarla en la función pública hasta sus últimas consecuencias.


UNA AUSENCIA DE ÉTICA Y DE JUSTICIA

La revolución mexicana de 1910 tuvo un problema muy grave: la mayoría de sus caudillos no eran hombre de una gran integridad moral, sino líderes pragmáticos y surgidos al calor de una guerra civil que, una vez que derrocó la dictadura porfiriana, introdujo la corrupción como parte íntima del ejercicio del poder y del apalancamiento del nuevo estado, de ahí que la figura de un Francisco I. Madero resulte beatífica, inocente y, por lo mismo, termine en el martirio, lo mismo que la figura de Emiliano Zapata, que se vuelve demasiado incómoda para un gobierno tan corrupto como el de Venustiano Carranza, lo que lleva a la traición y al asesinato del caudillo sureño.

Álvaro Obregón y el llamado grupo de los sonorenses, quienes son los grandes vencedores de la revolución, son esencialmente pragmáticos y corruptos, sin una ética del ejercicio del poder que los contuviera personalmente.

Francisco Villa estaba rodeado de un grupo de hombres que, con sus excepciones como las de un Felipe Ángeles, militar de carrera y hombre mesurado por carácter, eran verdaderos bandidos, terriblemente rapaces, como un Tomás Urbina en el estado de Durango, por citar sólo un ejemplo.

Ahí estaba la constitución recién hecha, pero una cosa era la constitución y otra el ejercicio real del poder. Hasta los años cuarenta del siglo XX el país tuvo en diferentes regiones caciques dueños de vidas y haciendas, después comenzó la estabilidad del nuevo régimen, pero en las entrañas del mismo estaba sembrada la corrupción.

Todo lo que hoy vemos de corrupción entre la clase gobernante y los políticos en general, no es nuevo en lo absoluto; lo nuevo es la expectativa de que la modernidad debía haber reducido esa corrupción a niveles mínimos y esto no ha sucedido.

Como fue desde el principio, el problema es que no se aplican las leyes, que existen y lo prevén todo, porque lamentablemente la revolución creó un nuevo régimen pero no un estado de derecho, algo a lo que se han ido adaptando los particulares que manejan la economía privada y, con el paso de las décadas, esa subcultura de la corrupción ha ido penetrando, como una llovizna persistente que va empapando la tierra, a la sociedad mexicana.

Algo muy diferente por ejemplo a lo que sucedió en las democracias que hoy son desarrolladas, donde la constitución sí se aplica tanto al ámbito público como al privado, por lo menos de tal manera que exista un estado de derecho aceptable y funcional, nunca perfecto, porque de otro modo no se podría explicar la segregación racial en los Estados Unidos, que persiste hasta más allá de la mitad del siglo pasado.


A LA CARGADA Y A LA RAPIÑA

Nada es nuevo bajo este sol, tan solo la disposición de una gran parte de la sociedad mexicana de no seguir tolerando esta historia de corrupción por parte del poder gubernamental, de los políticos y partidos y, de paso, de una buena parte de la clase empresarial mexicana, que está estrechamente relacionada a los políticos.

En una obra fundamental para entender el funcionamiento del sistema político mexicano, titulada Los Laberintos del Poder, del autor Peter Smith, que como muchas obras básicas pasa hoy desapercibida e ignorada por las viejas y las nuevas generaciones, se describe, con bastante nitidez, cómo funciona el acceso al poder en México, y el porqué de tanta rapiña.

Hasta el año 2000, dentro del sistema priista, que lo era casi todo, el acceso al poder era un camino incierto e impredecible, que estaba sujeto a la decisión personal del presidente en turno a través del ritual de “el tapado”, un procedimiento caprichoso y oscuro.

Ya en el poder, “el elegido” se rodea de una camarilla para ejercerlo, la cual tiene un periodo bien definido y le dará paso a otra camarilla, para que haya movilidad y los políticos permanezcan disciplinadamente formados en lo que sería una “cola de espera”, la cual tiene que avanzar.

Si la “cola de espera” no avanza o hace esperar demasiado a quienes están formados en ella, se pueden dar las deserciones, que fue lo que sucedió con la fundación del PRD, donde los desertores se consideran con mayores méritos que otros para acceder a posiciones de poder más altas, aun cuando ya les había tocado su “turno”.

Esto sucede tanto a nivel presidencial como a nivel de las gubernaturas que, hasta el año 2000, eran terminales: un gobernador tenía seis años y a su salida concluía su carrera política. Podía haber excepciones, pero eran eso justamente, excepciones, de ahí que había que aprovechar cada uno de esos seis años y salir por todo lo alto.

La novedad, después del 2000, es que los gobernadores priistas y también algunos no priistas, podían aplicar a nivel estatal el control del ritual de la sucesión, repitiendo el esquema presidencialista anterior, pero esto solo pasó en dos ocasiones antes de que el PRI regresara a la presidencia en el 2012, aunque lo más probable, como están las cosas, es que vuelva a salir en el 2018.

La otra novedad es la alternancia de los partidos, con lo que la designación del candidato no garantiza que se convierta en gobernador.


Óscar Flores Tapia
EL CASO COAHUILA

El asunto es que con una cultura de la corrupción arraigadísima en la estructura del poder, la incertidumbre de llegar o no llegar al poder o a un buen cargo público, parece directamente relacionada a la rapiña, porque ordinariamente hay una ausencia de ética personal pero, fundamentalmente, porque no existe un estado de derecho y en consecuencia la corrupción no se castiga, no importa del tamaño que esta sea.

La idea es que una vez que llegas a una determinada posición hay que sacarle todo el provecho posible, porque no hay ninguna seguridad de que volverás a ocupar otra cuando termine el periodo y venga la siguiente ronda electoral.

Para entender lo que pasa en un estado concreto podemos remontarnos a 1975 en Coahuila, año en que inicia el sexenio de Oscar Flores Tapia, el más controvertido gobernador antes de que apareciera Humberto Moreira Valdés.

Óscar Flores Tapia fue obstruido para llegar a la presidencia municipal de Saltillo y a otros cargos, por lo que tiene que irse a la ciudad de México, donde se hace amigo de Luis Echeverría Álvarez y este lo designa para la gubernatura de Coahuila. Hace una campaña electoral intensa, cuando no tenía ni tan siquiera opositores y saca una votación enorme; la que él quiso.

Al asumir el poder, de inmediato audita al gobierno saliente de Eulalio Gutiérrez Treviño, un político que le había tratado de mala manera en el pasado inmediato. En la versión del propio Flores Tapia, se encuentra un faltante de mil millones de pesos a la tesorería estatal que manejaba un joven tesorero llamado Carlos Ayala, quien era protegido de Mario Ramón Beteta, por lo que no le pueden fincar responsabilidades.

Eulalio Gutiérrez Treviño tenía problemas de alcoholismo y, en apariencia, el escándalo lo sume más en la adicción, lo que le lleva finalmente a la muerte, pero legalmente no sucedió absolutamente nada con el supuesto desfalco.

Óscar Flores Tapia ejerció un gobierno sumamente controvertido, caracterizado por un estilo personal de gobernar autoritario, con frecuencia intolerante y sujeto al temperamento del gobernador. Fue un gobierno con mucha corrupción, nepotismo y descuido de las formas, pero con mucha obra pública, especialmente en Saltillo, que fue transformado, no así la región lagunera o más específicamente Torreón, que era entones la ciudad más importante del estado, pero esto en parte se debió al enfrentamiento de Flores Tapia con la camarilla de los Fernández Aguirre, quienes controlaban políticamente la región y eso era intolerable para el explosivo carácter del gobernador.

Como director de obras públicas del estado designó a su hijo Francisco Flores, con quien decidía todas las obras. Su hijo Jorge Flores era el director de adquisiciones, con quien decidía también todo lo que se compraba o dejaba de comprar. Otro hijo se encargaba de la dirección de informática y control presupuestal y otra más se encargaba del DIF estatal.

El tesorero del estado fue Miguel Ángel Morales, un muy próspero impresor de la ciudad de México, cuyo padre, Adrián Morales, era amigo personal de Flores Tapia y le había financiado en su carrera política. Cuando terminó el gobierno, que terminó de mala manera como es de sobra conocido, Miguel Ángel Morales retornó a la ciudad de México y jamás ha vuelto a Coahuila.

Cuando terminó su periodo, a Flores Tapia se le atribuía un faltante de entre dos mil y tres mil millones de pesos, pero nunca fue dictaminado oficialmente, mucho menos se dio un proceso judicial en su contra ni en contra de ningún funcionario de su administración.

Flores Tapia fue removido por todo el conflicto político que se fue generando durante su periodo, debido a su estilo de manejar el poder, a muchos excesos que se dieron y a todo el ruido periodístico en torno suyo, pero principalmente al descuido y la prepotencia con que manejaba sus relaciones con algunos políticos del gabinete presidencial, lo que le ganó enemistades de ministros y gentes con mucho poder a nivel central.

Finalmente lo remueven apenas tres meses antes de que terminara su periodo pero, como se dijo, no por la corrupción o los excesos en el ejercicio del poder, sino por razones de carácter político. Nunca se dio ningún tipo de investigación a las finanzas del gobierno florestapista, ni se levantó ningún tipo de cargo. En Saltillo sigue siendo poco menos que un santo político.

Su familia por supuesto que se dio a los excesos e hizo uso indebido del erario público, lo mismo que algunos de sus colaboradores, entre los cuales destaca Luis Horacio Salinas Aguilera, quien tenía toda una carrera política y fue encargado de algo así como desarrollo agropecuario. Era realmente un cleptómano e inclusive tenía un sobrenombre sumamente desagradable, pero posteriormente se hizo de un diario, por supuesto que a través de procedimientos muy turbios, y hoy hasta homenajes le han hecho en el periodo de Humberto Moreira.

Cuando Óscar Flores Tapia cayó, cayó con él toda la camarilla que le acompañó; sólo sobrevivió un joven político que había sido presidente municipal de Saltillo: Enrique Martínez y Martínez.

Por designación presidencial el nuevo gobernador de Coahuila fue José De las Fuentes Rodríguez, un personaje un tanto oscuro y un político de la vieja guardia priista: pragmático, corrupto y cargado de mañas, además de un alcohólico consumado.

Se rodeó de un grupo de colaboradores de muy bajo perfil en su mayoría, pero transó políticamente con la mayoría de las camarillas políticas regionales con las que había tenido conflictos Óscar Flores Tapia.

Cuando encontró oposición decidida aplicó la violencia, especialmente contra el incipiente panismo que había prendido durante el periodo florestapista, pero también tuvo que lidiar con algo inédito: la enorme corrupción en ciertos medios de comunicación, especialmente periódicos, que entonces eran los líderes de medios.

En el periodo de Flores Tapia había surgido al que se puede considerar como uno de los personajes más corruptos del periodismo en la historia moderna de Coahuila: Armando Castilla Sánchez, fundador y propietario de los diarios Vanguardia, financiados con el mismo dinero que había obtenido al inicio del periodo florestapista. Inicialmente ejerció sobre él la violencia y posteriormente transó, como solía ser el estilo de José de las Fuentes.

Con los diarios El Zócalo, otro caso muy escandaloso de corrupción, hizo una alianza que llevó hasta la barbarie política en Piedras Negras.

La corrupción no sólo era política: se había enquistado de manera grave en otros medios, entre ellos el periodístico, algo que se volvería una constante en periodos posteriores, pero que se omite por razones obvias.

Rogelio Montemayor Seguy
Al de José de las Fuentes le siguió un gobierno de moderación, encabezado por Eliseo Mendoza Berrueto, miembro de una familia del medio magisterial oficial muy respetada, amigo de Miguel De la Madrid Hurtado, quien lo designa y lo envía bajo la consigna de la renovación moral, pero ya desde la mitad de su sexenio aparece en el escenario Rogelio Montemayor Seguy, quien era el hombre de las confianzas de Carlos Salinas de Gortari.

Eliseo Mendoza fue el último gobernador de la vieja guardia priista, pero era un hombre comprometido con una ética personal que aplicó en el ejercicio del poder. Su tesorero, Jesús García López, veracruzano y totalmente desconocido en Coahuila, con apenas 26 años cuando asume el cargo, fue inicialmente visto con fuerte recelo, pero resultó un funcionario honesto y muy eficiente, algo que hacía mucho tiempo no se veía en la tesorería del estado.

Con Rogelio Montemayor Seguy llega la llamada tecnocracia del salinismo y con ella nuevas formas de corrupción. Doctorado en economía por la Universidad de Pennsylvania, EEUU, cambia, como todos los anteriores, la camarilla en el poder, dándole mayor participación a políticos del norte y de La Laguna. Es un gobierno con fuerte corrupción, pero con modalidades muy distintas a la corrupción tradicional.

Personal y familiarmente, Montemayor Seguy forma parte de la enorme corrupción que se dio con la venta de empresas paraestatales, pero en su gobierno establece una estrecha relación con ciertos medios empresariales, a través de los cuales se realizan muchos negocios turbios.

Su tesorero, Antonio Juan Marcos Issa, fue un competente funcionario, no obstante padecer un grave problema de la vista, que estructuró financieramente toda esa red de corrupción político-empresarial que caracterizó al sexenio. El secretario general de gobierno fue Carlos Juaristi Septién, uno de los dos hermanos propietarios de los periódicos El Zócalo (Montemayor les financió la apertura de El Zócalo Monclova, como Humberto Moreira financió El Zócalo Saltillo y hoy el gobierno de Rubén Moreira está pagando las consecuencias).

Pese a la corrupción del gobierno montemayorista, las finanzas del estado se mantuvieron en orden. Atípicamente, la camarilla básica de este gobierno se trasladó a Pemex, al ser designado Rogelio Montemayor como director de la gigantesca paraestatal, pero aquello terminó en una tragedia para ellos por la alternancia iniciada con el foxismo. Rogelio fue procesado y hecho preso y Juaristi se dio a la fuga pero, singularmente, Antonio Juan Marcos Issa acuñó una fortuna al convertirse en uno de los principales proveedores de Pemex, todo gracias a la corrupción que se mantuvo intacta; a la fecha sigue haciendo grandes negocios con la paraestatal.

Después de esperar mucho, Enrique Martínez y Martínez arriba a la gubernatura de Coahuila, rodeado de un equipo básicamente de políticos y empresarios laguneros. Tiene un gobierno eficiente y ordenado y un manejo claro de las finanzas públicas. Gobernó una buena parte de su sexenio con alcaldes panistas en las ciudades más importantes del estado.

Martínez y Martínez es un hombre muy rico, cuya fortuna esta fincada en buena medida en el negocio de los bienes y raíces, aunque en los años de su gobierno se diversificó. El negocio familiar original era el funerario. Fue, y es, un político muy cuidadoso de su imagen y del dinero, lo que aplicó en su gobierno. Era el primer gobernador de Coahuila que ejercía sin el PRI en la presidencia de la república y con mucha mano ancha por las características del gobierno foxista, pero mantuvo el piso.

Apoyó y colocó a muchos políticos jóvenes emergentes, pero las cosas se complicaron al momento de la sucesión, en la que optó por Humberto Moreira Valdés, quien ya había sido presidente municipal de Saltillo y secretario de educación pública, donde ya había mostrado cierta tendencia a la disipación y al descuido de los procedimientos y las formas, pero de manera moderada. Mientras estuvo bajo el mando de Martínez y Martínez se manifestó controlado, pero una vez que se convirtió en gobernador del estado se desató, literalmente, y las cosas terminaron como es ya bien conocido.

Humberto Moreira no era un político de vieja guardia como José de las Fuentes, ni un político con una formación seria y un código de conducta como Eliseo Mendoza, tampoco un tecnócrata con doctorado en economía como Rogelio Montemayor y menos un político de oficio y exitoso empresario como Enrique Martínez y Martínez, era, y es, un profesor de escuela que recogió todas las prácticas de corrupción de ese medio y luego se convierte en lo que llamamos “un grillo”, sumamente laxo en su ética personal y profesional, con una vena de frivolidad que predomina en su carácter y un pragmatismo que no reconoce límites.

Lo suyo es el populismo, que se le da bastante bien, pero no sabe casi nada de negocios, ni de finanzas. Para hacer fortuna desde el poder hay que ser un artista de las finanzas y de los negocios, no se tiene que, en sentido estricto, meterle mano directa al cajón del erario público, eso lo había demostrado Rogelio Montemayor, pero Humberto Moreira es demasiado elemental, para decirlo de una manera muy sutil, así que fue directo al cajón del presupuesto estatal y a la capacidad de endeudamiento a través de banqueros corruptos, que son casi todos los conocidos, y creó el desastre que ahora tenemos.

Todo lo demás ha sido demasiado discutido, no requiere ser más detallado.

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