Los gobernadores: el mal uso del poder

PORTADA #299 
(Agosto de 2016)




Por: Álvaro González

El 5 de junio pasado se disputaron doce gubernaturas en el país: cinco las ganó el PRI y siete el PAN, en lo que fue una derrota histórica para el PRI y una victoria, también histórica, para el PAN. 
Esto, sin embargo, es la lectura simple, superficial, de lo que está pasando con los gobernadores en el país, donde el esquema tradicional cambió desde el año 2000 cuando el panista Vicente Fox ganó la presidencia de la república.

Los doce gobernadores que terminan sus mandatos a finales de este año fueron electos en 2010 y los otros tres que salen el año próximo fueron electos en 2009, mientras que los 9 que salieron en 2015 fueron electos en 2008, lo que significa que estos 24 gobernadores fueron seleccionados y electos durante el periodo sexenal del panista Felipe Calderón Hinojosa, cuando el PRI estaba desplazado de la presidencia de la república y en el mismo periodo de la parte más álgida de la llamada “guerra contra el narcotráfico”.

La gran mayoría de los gobernadores eran priistas e inclusive, paradójicamente, el PAN perdió varios estados donde tenía un arraigo y presencia muy importante, como Jalisco, Aguascalientes y Querétaro.
Salvo raras excepciones, los candidatos a gobernadores del PRI fueron electos por los gobernadores en turno, a diferencia del PAN, donde se tenía que negociar con el presidente y con la dirigencia nacional del partido.

Durante los doce años que duraron los dos periodos presidenciales panistas, el PRI siguió conservando las dos terceras partes de las gubernaturas, e inclusive aumentó su presencia al recuperar algunos estados, como los mencionados anteriormente, en lo que es otra paradoja y muestra cómo, al nivel de los estados, la estructura priista no sólo se mantuvo sino que los gobernadores tuvieron más poder y capacidad de maniobra al convertirse de facto en los jefes políticos de su partido sin tener que depender de la dirigencia nacional y por supuesto del presidente de la república, lo que era una regla inquebrantable del sistema presidencial que operó hasta el año 2000.

El regreso del PRI a la presidencia de la república parecería la restauración del viejo orden, pero en términos electorales el sexenio de Enrique Peña Nieto tiene una tendencia de deterioro muy importante para el viejo partido. En 2015 pasó a gobernar en sólo 19 estados, pero en 2016 bajó hasta 15 gubernaturas, una menos de la mitad del total, entre ellas varias que nunca antes había perdido, destacando Veracruz. Ya en 2015 el PRI había perdido el estratégico estado norteño de Nuevo León. Veracruz es el tercero en población y Nuevo León la tercera economía del país.

En 2017 habrá elecciones para gobernador en los estados de Coahuila, Nayarit y el Estado de México. La atención está puesta en el Estado de México, el más grande en población de todo el país; si el PRI llegara a perderlo, su posición con respecto a la elección presidencial del 2018 se complicaría más de lo que está ahora, pues representa el 10% del censo nacional.

La elección en Coahuila tiene también importancia, pues de perder por primera vez el PRI, todo el norte estaría gobernado por la oposición, con excepción de Sonora que fue recuperado en las elecciones del 2016.


LA CORRUPCIÓN Y EL CACIQUISMO

En el periodo del 2000 al 2012, el poder que ejercían los gobernadores en sus respectivos estados se modificó y, desgraciadamente, en la mayoría de los casos no fue para bien. Al desaparecer la dependencia que tradicionalmente tenían del presidente de la república en turno, quien elegía a los candidatos de su partido o, por lo menos, debía ser consultado sobre una propuesta de varias opciones, el gobernador en turno quedó como el gran elector, lo que le dio un poder del que anteriormente carecía.

Tanto en el periodo de Vicente Fox como en el de Felipe Calderón los precios del petróleo alcanzaron niveles récord, que llegaron a superar los 100 dólares por barril. Esto se tradujo como un incremento extraordinario de los ingresos del gobierno federal y, en consecuencia, del flujo de recursos hacia los estados, a través de participaciones especiales y de programas.

Los gobernadores no sólo gozaron de una mayor autonomía política y de la jefatura de su partido, sino además de un gran flujo de dinero, el cual tenía mecanismos muy blandos de fiscalización. Sin problemas económicos, los dos gobiernos del PAN no estaban preocupados por el control ni por una fiscalización estricta; además, la mayoría de los gobernadores no pertenecían a su partido, lo que provocó un mayor relajamiento.

Como una circunstancia especial, los gobernadores tuvieron que enfrentar el problema de la infiltración y la lucha de las organizaciones del crimen organizado, lo que se convirtió en otro serio problema inédito en gran parte de los estados del país.

Bajo estas circunstancias la corrupción, que había sido acotada en alguna medida durante el gobierno de Ernesto Zedillo, resurgió en formas más escandalosas en muchos estados, lo que se reflejó en la irritación social y el deterioro del PRI y, en menor medida, del PAN y el PRD, que tampoco escaparon a este fenómeno.

Los casos son muchos, pero algunos alcanzan niveles aberrantes. En el estado de Veracruz, el tercero en población del país y la quinta economía de acuerdo a su Producto Interno Bruto, PIB, Fidel Herrera Beltrán, un corrupto político experto en manipulación de procesos electorales, se hizo de la gubernatura y, con ello, comenzó el deterioro del estado costeño.


En las elecciones del 2010, Fidel Herrera colocó como candidato a Javier Duarte de Ochoa, un muchacho de 36 años de edad, quien era su Secretario de Finanzas (entró a este cargo con apenas un poco más de 30 años). Hoy Javier Duarte es un escándalo a nivel nacional por su ineficiencia, desorden gubernamental y corrupción.

En enero de 2012 funcionarios del gobierno estatal de Veracruz fueron detenidos en Toluca. Llevaban consigo 25 millones de pesos en efectivo, presuntamente como aportación a la campaña de Enrique Peña Nieto. Después de una serie de contradicciones y de enredos, supuestamente justificaron que, efectivamente, el dinero era propiedad del gobierno de Veracruz y estaba destinado a pagar ciertos eventos culturales. ¿Qué hacían en Toluca con los 25 millones de pesos en efectivo? Nadie se creyó la versión oficial, pero la PGR los exoneró de todo cargo.

Ya para finales de 2012, 9 periodistas habían sido asesinados en el estado de Veracruz y 2 más se encontraban secuestrados. El crimen organizado, bajando del sur de Tamaulipas, se había empoderado de casi todo el estado.

Los excesos de Javier Duarte alcanzaron tal proporción que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) le abrió tres procesos de investigación por desvío y mal uso de recursos públicos, mientras que el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) le fincó tres denuncias por el adeudo de 178 millones de pesos que se niega a cubrir dese hace años.

Los organismos defensores de los derechos humanos tienen graves acusaciones en contra de Javier Duarte. Lo acusan, con estadísticas y documentos en mano, de que 92% de los casos de desaparición de personas sucedidos en Veracruz entre los años de 2006 a 2016, que suman un total de 681 personas, se dieron durante su gobierno. En cifras no oficiales se estima en 1,500 el número real de personas desaparecidas y que en 80% de los casos han participado policías municipales y estatales.

Fuera de todo control, Javier Duarte ha provocado ya la irritación del gobierno federal que, a través de la PGR, ha ordenado la investigación de 69 personas, entre ellos casi toda la familia del gobernador, desde la esposa, la madre y demás parientes, por motivo de enriquecimiento inexplicable. Todos estos procesos se encuentran abiertos e incluyen, inusitadamente, la propiedad de los equipos de beisbol profesional Cafeteros de Córdoba y Rojos del Águila de Veracruz.

En la pasada elección del 5 de junio de 2016 el PRI perdió por primera vez en su historia el gobierno estatal de Veracruz. El desastre se veía venir. En números oficiales del INEGI para el año de 2014, la economía de Veracruz no sólo no creció, sino que decreció un 0.2%.

Lejos de moderar sus excesos después de la derrota electoral, Javier Duarte parece fuera de control y está ejecutando decisiones gubernamentales aberrantes, como el otorgar la “base” sindical a toda la burocracia estatal, que está enormemente excedida en cantidad y en sueldos, con el propósito de generarle problemas al gobierno panista que entrará en funciones a finales de año, lo que, de no revertirse, puede generar un problema económico muy grave a la administración pública del estado. Los propios priistas se preguntan: ¿cómo es que este individuo llegó a gobernador de Veracruz?
Hay consenso general, dentro y fuera del PRI, dentro y fuera del medio gubernamental y político, de que Javier Duarte deberá ir a la cárcel como el primer acto relevante del flamante sistema anticorrupción, y lo deberá hacer antes de las elecciones del 2017 en el estado de México.


EL CASO DE COAHUILA

En 1999 Enrique Martínez y Martínez fue de los últimos gobernadores designados dentro del viejo esquema priista, para lo cual tuvo que esperar. Su antecesor, Rogelio Montemayor Seguy, había sido colocado directamente por el presidente Carlos Salinas de Gortari, quien era su amigo; más atrás, Eliseo Mendoza Berrueto también había sido candidato por la decisión de Miguel de la Madrid Hurtado, su amigo, por supuesto.

El gobierno de Martínez y Martínez concluye en el 2005 con una alta aprobación ciudadana. Se le consideró un gobierno ordenado; el estado fue entregado en paz, con índices de delincuencia de los más bajos del país; finanzas sanas (una deuda simbólica de 196 millones de pesos) y, como consecuencia, un PRI fuerte. Vino entonces el proceso para designar a su sucesor y, justo entonces, cometió lo que él mismo considera como el error más grande de su larga carrera política: hacer candidato a Humberto Moreira Valdés, lo que se precipitó en parte por la rebeldía de quien era su Secretario General de Gobierno: Raúl Sifuentes Guerrero.

En la elección de 2005, Humberto Moreira Valdés, un profesor y funcionario de segundo nivel de la SEP al que Enrique Martínez y Martínez  inventó políticamente, se convirtió en un candidato muy carismático, juguetón, despreocupado y con cierta tendencia al populismo, quien revelaría más tarde, ya sin contrapesos, una proclividad a la corrupción sumamente grave.

Debido a la buena calificación de su antecesor y a una campaña electoral muy exitosa, Humberto Moreira logró una votación histórica para un candidato a gobernador, con 488 mil 348 votos, frente a Jorge Zermeño del PAN, quien obtuvo 316 mil 206, una votación alta para un candidato panista. Todo comenzaba bien en el nuevo gobierno, que heredaba finanzas sanas, control político, una economía creciendo a tasas modestas pero constantes y un ambiente social armonioso.

Para finales del 2010, cinco años después de haber asumido el cargo, la situación política y social en Coahuila había cambiado radicalmente. El crimen organizado se había empoderado en todo el estado, al infiltrarse agresivamente desde el norte de Tamaulipas y Nuevo León. Se vivía, literalmente, un periodo de terror y de inseguridad como jamás se había tenido en la historia de la entidad.

El desorden en algunos gobiernos municipales, la disipación del propio gobierno estatal y la corrupción eran ya un problema serio, pero había un ambiente de sordina en los medios políticos y sociales en general, en parte por el miedo al crimen organizado y debido a que muchos medios de comunicación estaban participando directamente de la corrupción gubernamental, como luego se demostraría al estallar el escándalo y la caída de Humberto Moreira.

El desastre vino en el 2011

Inesperadamente, el 4 de marzo de 2011 Humberto Moreira renunció al cargo de gobernador de Coahuila, dejando como interino a su Secretario de Finanzas, Jorge Torres López, y en funciones a todo su equipo político que ocupaba todas las posiciones estratégicas en su gobierno, en lo que se suponía sería sólo el año del cierre y la elección de un sucesor.

Humberto Moreira sustituyó a Beatriz Paredes Rangel al frente del PRI nacional no en un periodo, sino en el proceso de la selección del candidato a la presidencia de la república, donde Enrique Peña Nieto era el principal precandidato pero aún no tenía “amarrada” la candidatura.

Ese periodo que va del 4 de marzo al 2 de diciembre de 2011, en el que Humberto Moreira ocupa la dirigencia nacional del PRI, es decisivo para Enrique Peña Nieto, pues en él se realizan todas las negociaciones para alcanzar la candidatura a la presidencia de la república. El 14 de noviembre de 2011 se lanza la convocatoria, ya con todo “amarrado”; el 27 de noviembre se realiza el registro de precandidatos y únicamente se presenta Peña Nieto y, en la culminación del proceso, el 17 de diciembre se le entrega la constancia oficial como candidato del PRI. Quince días antes Humberto Moreira tiene que renunciar al destaparse el escándalo de una gigantesca deuda en Coahuila que ascendía, aproximadamente a 33 mil millones de pesos, algo que había tomado por sorpresa a todo el país.

En términos políticos, Humberto Moreira estaba en medio de un escándalo que se prolonga hasta la fecha, pero había hecho la tarea para Peña Nieto, y, por los resultados, la había hecho bien. Sin el escándalo que se desató, su futuro hubiera sido promisorio en el gobierno peñista.

¿Qué pasó en Coahuila en ese periodo que va de marzo a diciembre de 2011? Rubén Moreira Valdés se postula como candidato único por el PRI a gobernador del estado y, en la elección del 10 de julio de 2011, rompe el record de votación que había impuesto su hermano, al obtener 721 mil 289 votos, contra 422 mil 296 del candidato panista Guillermo Anaya Llamas, quien tenía todo el apoyo presidencial de Felipe Calderón Hinojosa, su compadre.

Rubén Moreira, quien había sido el operador político durante el sexenio de su hermano Humberto, fue declarado gobernador electo el 10 de julio de 2011. En otras circunstancias hubiera asumido un poder de facto ante la débil figura del gobernador interino, Jorge Torres López, pero Humberto era el presidente nacional del PRI y seguía manejando el gobierno estatal, lo que no evitó que comenzara a surgir un distanciamiento que terminó, a finales de año, en un ruptura que se volvería más fuerte a partir de su toma de posesión como gobernador, y terminaría en drama para finales de 2012.

En agosto estalló el problema financiero, una vez que habían pasado las elecciones. La Secretaría de Hacienda, que estaba a cargo de Ernesto Cordero, dio a conocer a los medios especializados que varios estados tenían un problema importante en sus deudas, entre ellos Coahuila, que sumaba una deuda de 32 mil millones cuando, oficialmente, sólo estaba reportando 8 mil millones. Ernesto Cordero, que fue un político muy beligerante en la sucesión presidencial, mostró al respecto de la deuda de los gobiernos estatales una posición neutral, inclusive descartó que representara un riesgo preocupante, cuando el gobierno de Felipe Calderón, a través de la Ley de Coordinación Fiscal, estaba en espera de la autorización del Congreso para distribuir fondos a los estados por 100 mil millones de pesos. El precio del petróleo estaba sobre los 100 dólares por barril y el gobierno federal tenía recursos sobrados; nadie anticipó que vendría el tiempo de las vacas flacas.

Obligado, el gobierno interino de Jorge Torres López pidió algo histórico al Congreso del Estado: aprobar, en un solo día, la autorización de deuda por 33 mil 867 millones de pesos, los cuales, para colmo, habían sido contraídos al corto plazo y representaban 1.6 veces el monto de las participaciones federales. Rubén Moreira tenía que comer el primer gran sapo de la administración de Humberto y al asunto, por los vencimientos inminentes, tenía que dársele celeridad. Comenzaba un pedregoso camino para tratar de reordenar las finanzas estatales.

Contra lo que se pensó después, el 71% de esta deuda había sido contraída en 2010, lo que significó un importe de 20 mil 778 millones de pesos. El por qué y el para qué no se saben con claridad. En 2008 se había contraído deuda por 1,800 millones de pesos; en el 2009 por 5 mil 606 millones y en el 2011 todavía se contrajeron otros 7 mil 356 millones de pesos. Del total el Congreso del Estado solo había autorizado 6 mil 503 millones de pesos. ¿Cómo sucedió esto?  Tampoco se sabe.

Las negociaciones con los bancos, que estaban sumamente complacidos, fueron a 30 años. Esto limitaba seriamente el gobierno de Rubén Moreira. Es explicable que el enojo entre Rubén y Humberto fuera en aumento.

El gobierno de Felipe Calderón y su Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, se sentaron a ver el espectáculo mediático que se fue formando en torno a Humberto Moreira, presidente nacional del PRI, quien, terminada la fase decisiva de la designación del candidato a la presidencia de la república, tuvo que ser retirado y concluyó, de esa manera, su carrera política, que fue intercambiada por la protección pero nada más, ¿o tal vez nada menos?

¿Por qué la Secretaría de Hacienda, que estaba informada desde hacía tiempo, no hizo nada? La única respuesta posible es que convenía a los intereses políticos del panismo en la sucesión presidencial. Ernesto Cordero era el candidato que deseaba Felipe Calderón, no a Josefina Vázquez Mota. El escándalo de Humberto Moreira beneficiaba las aspiraciones del Secretario de Hacienda.

El segundo gran sapo que hubo que tragar Rubén era aún más peligroso que el dinero: eliminar el empoderamiento del crimen organizado, lo que había sido pactado y permitido en los años anteriores.
A diferencia de otros gobernadores electos en ese año de 2011, Rubén Moreira decidió aliarse con el gobierno federal y las fuerzas armadas para emprender una campaña en contra del crimen organizado, que tenía asolado todo el estado, en especial las regiones norte y lagunera. Esto significaba muchos riesgos, como lo demostraba la experiencia de Tamaulipas, donde el propio virtual gobernador había sido asesinado.

Rubén y Humberto diferían radicalmente al respecto, pero Rubén ya estaba en funciones. Se destaparon las narcofosas, encontrando la terrible cifra de 3,500 restos humanos; se dio a conocer el caso de Allende, que mucho después abordarían algunos medios informativos nacionales.

El crimen organizado tomó represalias sobre la familia Moreira, pero la marina armada actuó con contundencia, desmantelando los mandos al más alto nivel del cartel que operaba en Coahuila, lo que lo debilitó de manera muy drástica.

El distanciamiento entre Rubén y su hermano pareció ahondarse mucho más para finales de 2012. Humberto estaba pagando en el ámbito político nacional los costos de un gobierno extraviado.

Acorralado por la justicia norteamericana, el exgobernador interino, Jorge Torres López, quien conoce hasta lo más íntimo las entrañas financieras de este desmesurado periodo, se encuentra prófugo de la justicia desde el año pasado, sin paradero conocido (ver artículo “El exgobernador fugitivo”, publicado en nuestra edición de febrero de 2016).

Rubén Moreira ha tenido que llevar su gobierno administrando cada peso de los pocos disponibles. La inseguridad a nivel estatal ha descendido en un 80%, lo que parecía casi imposible, y gobiernos municipales estratégicos, como el de Torreón, recuperaron el orden y la inversión pública.

Ahora el problema más importante políticamente para los gobernadores priistas en funciones es sustraerse al descrédito y los escándalos que están generando mandatarios como Javier Duarte de Veracruz, César Duarte de Chihuahua o Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo León, por citar sólo tres casos relevantes. Pero la piedra más pesada parece ser la imagen presidencial, cuando en el último régimen presidencialista, que fue el de Carlos Salinas de Gortari, la fuerza estaba en tener el apoyo de la presidencia de la república.


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