Notarías públicas: la nueva canonjía de políticos y funcionarios.

Por: Marcela Valles

No es algo nuevo; se ha dado en varios de los gobiernos anteriores en Coahuila, pero en esta ocasión todo indica que se les ha pasado la mano al asignar 41 nuevas notarias, entre las cuales se encuentran funcionarios actuales y exfuncionarios públicos, la mayoría de ellos no calificados para desempeñar el cargo, y  a quienes les fueron dispensados los trámites que establece la ley, como el presentar un examen de aptitud, el contar con determinada experiencia y el haber trabajo como practicantes en el oficio notarial. 

De por sí ya muy desprestigiado por estas prácticas, ahora la función del notariado público en Coahuila está recibiendo un golpe escandaloso, en un momento en que los propios notarios públicos de oficio han aumentado sus quejas en contra del Registro Público de la Propiedad, un organismo que es la base de la legalidad de la propiedad de bienes inmuebles, el cual, lejos de avanzar hacia una modernización y eficiencia, ahora tarda meses en resolver trámites que deberían llevar semanas, en la opinión de los propios fedatarios.

Hasta hace unos años el caso más llamativo era el del exalcalde de Torreón, Heriberto Ramos Salas, quien, aprovechando sus relaciones políticas había obtenido un fiat notarial (Notaria número 38), pero posteriormente usó su posición para obtener un fiat notarial para su esposa, María Isabel Cobo Celada (Notaría 58), quien había hecho tardíamente los estudios de abogacía. Pero las cosas no terminaron ahí: Heriberto Ramos decidió, por su edad o por lo que haya sido, retirarse del notariado y le heredó la notaría a su hijo Ernesto Ramos Cobo, siguiendo una práctica que era muy común pero que ya es ilegal, por medio de la cual los hijos han recibido el fiat notarial.

Tampoco extraño mucho que Alejandra Calderón Flores, hija de Oscar Calderón, quien fuera Procurador General de Justicia en el periodo de Enrique Martínez y Martínez, recibiera una notaría (la número 27), mucho menos que Jesús Abraham Cepeda Izaguirre, funcionario público gran parte de su vida, recibiera un fiat notarial (notaría número 60 de Saltillo), para la cual no estaba ni está capacitado.
Los favores se extendieron a los políticos panistas José de León Tello (notaría número 34, sin funcionar) y Karla Samperio Flores (notaría número 71 de Saltillo, sin funcionar), con lo cual se les premiaron sus favores políticos como diputados locales. José de León Tello fue candidato a presidente municipal de Torreón, ya con el fiat en la bolsa, y ahora es nuevamente diputado local. Fue el único que aprobó la iniciativa de designar a 41 nuevos notarios, estaba obligado.

En varios de los ocho distritos notariales que hay en Coahuila, existen varias verdaderas joya de la canonjía de los fiats, que de ser 254 han pasado ahora a 295; uno por cada 10 mil habitantes, lo que nos convierte en uno de los estados del país con más notarios. En el Distrito de Viesca, al que pertenece Torreón, hay 70 notarios, pero cinco estaban ya inactivos, como Jesús de León Tello, Jesús Gerardo Sotomayor Garza o Gerardo Ríos, todos ellos con cargos públicos dentro de los poderes legislativo y judicial, quienes tienen “guardado” su fiat notarial por si se quedan sin cargo público.


CARAS BIEN CONOCIDAS

En el Distrito de Saltillo, que está sobresaturado con 100 notarios públicos, tienen licencia para ejercer Sergio Sisbeles, Sergio Almaguer, Homero Ramos Gloria, Armando Luna Canales, Iván Gutiérrez, Xavier Diez de Urdanivia y Fernando de las Fuentes, más los que se acumularán con la nueva camada recién aprobada. Todos son bien conocidos y la mitad de ellos ocupa cargos públicos de primer nivel, pero nadie conoce el futuro, menos en el incierto circo de la política, así que una notaría es un buen seguro de retiro o de desempleo.

En distritos tan distantes, como el de Acuña, que contaba en total con 13 fedatarios, cinco de ellos tienen permiso: Armín Valdés, del poder judicial; Ricardo Treviño, funcionario estatal; Francisco Saracho, diputado federal y nada menos que Evaristo Lenin Pérez, actual alcalde y cacique de la UDC que heredó de su padre; un partido local supuestamente de izquierda que controla políticamente la plaza desde hace muchos años, pero como se dijo: el futuro es incierto, y más el político.

En la lista de 41 fiats que se acaba de aprobar en el Congreso del Estado, hay por supuesto sorpresas, por ejemplo la de Carlos Román Cepeda González, exalcalde de Torreón, quien había ido de cargo en cargo público, de niveles cada vez más segundones, pero quien es experto en la intriga de café dentro de ciertos medios de viejos políticos de Torreón. Nadie sabe cómo es que se graduó de abogado, nunca, jamás, ha ejercido la profesión, no presentó examen, no reúne los requisitos, pero pidió el favor y se lo concedieron: la situación económica debe estar bastante apretada, porque ya debe estar un poco arriba de los 60 años.

Otra sorpresa es la de Raúl Felipe Garza Serna, quien fuera Procurador General de Justicia durante el periodo de Eliseo Mendoza Berrueto. Tamaulipeco él, se había perdido casi en el anonimato y ya nunca pudo ocupar un cargo público, al menos no que se supiera dentro de los medios, aunque pudo estar por ahí en alguna dependencia perdida. Pues ahora será un flamante notario público en Saltillo, capital.

Para la sociedad, el que la función del notariado se convierta en una chunga es algo muy delicado, porque es a través de este funcionario que se realizan muchos de los trámites más importantes, no sólo en el patrimonio de las personas y las familias, sino de los negocios y de muchísimos otros trámites. Si ya estábamos algo mal, ahora estamos en un problema, porque un gran porcentaje de los notarios no están capacitados para ejercer la función, justo cuando los honorarios y sobre todos los impuestos por los servicios se han incrementado de una forma verdaderamente desproporcionada. Un error de un notario puede generarle a una persona o a una empresa un problema grave, inclusive esto del notariado se ha convertido en un asunto de seguridad pública, por aquello del lavado de dinero. Acabo de conocer el caso de un trámite de otorgamiento de un poder amplio de dominio, entregado de un padre a uno de sus hijos. Por error del notario público tiene a toda una familia metida en un problemón, pues el padre ha fallecido. Otro caso de un colega de trabajo que tiene graves problemas con la propiedad de su casa, debido también a un poder notarial mal hecho, sólo por citar nuestro pequeño entorno inmediato.

Los notarios que sí son de oficio, habían estado por la práctica de heredar a los hijos el fiat, en caso de tenerlos, pero ahora están en el problema de que el mercado se les saturará con políticos y exfuncionarios públicos, o los parientes de éstos, mientras el Colegio de Notarios hasta ahora ha permanecido pasivo, cuando ni tan siquiera se aplicaron los exámenes correspondientes.

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