Las pensiones del SNTE en Coahuila

El actual fondo del que dispone ya es inviable, pues el estado debe asignar mil millones de pesos anuales a la cubertura de las pensiones de los maestros.

Con base en los estudios actuariales, más del 60% de la nómina de trabajadores se destina al pago de pensiones, cuyo pasivo contingente equivale actualmente a 39 mil millones de pesos, por lo que las reservas se encuentran, literalmente, agotadas.

De no realizarse las modificaciones, a finales de la próxima administración estatal el costo ascenderá a mil 700 millones de pesos, alcanzando mil 830 millones para el 2030, lo que resultará impagable.
Las nuevas disposiciones contemplan cambios  en los criterios de financiamiento y estructura de beneficios para contar con un modelo sostenible que prevea seguridad social, real y efectiva a los trabajadores de la educación, quienes tendrán que laborar hasta 6 años más.

La nueva ley respeta a aquellos trabajadores con derechos adquiridos o pensionados, pero introduce cambios que serán graduales en el tiempo que deberán laborar los docentes antes de alcanzar legalmente su retiro. Se modifica también, de manera igualmente gradual, la contribución mensual del trabajador sobre su salario base a la Dirección de Pensiones, hasta llegar a un 13% de incremento en el 2023. Aumenta también la aportación del patrón, en este caso el propio gobierno estatal.

En el cambio de años de antigüedad, los maestros que este año registran antigüedad de 20 años, tendrán que laborar 36 años y 9 meses en lugar de 30, mientras que las maestras con antigüedad de 18 años o menos, laborarán 34 años y 9 meses; quienes tienen una mayor antigüedad, por ejemplo 28 años de servicio, sólo tendrán que laborar 30 años y 9 meses. La nueva antigüedad aplica de los 20 años de servicio hacia abajo.

El común de los maestros comenzaban a laborar alrededor de los 22 años de edad, por lo que podían pensionarse con tan sólo 50 años o un poco más. Esto se modificará gradualmente y ahora la edad mínima para pensionarse serán 60 años en el año 2025, lo que ha generado fuerte malestar en el sector magisterial, pero la situación financiera era ya insostenible.

En el caso de retiro por edad avanzada, el trabajador deberá contar por lo menos con 15 años de servicio.


LAS CANONGIAS DEL PASADO

Durante muchos gobiernos estatales, los sindicatos magisteriales, en especial la Sección 38, obtuvieron muchas canonjías laborales, porque eran considerados como agrupaciones estratégicas en el manejo político-electoral del PRI. La corrupción y el derroche de recursos eran una práctica cotidiana que llegó a su máximo nivel en los años ochenta, para disminuir en los gobiernos posteriores, pero nuevamente en el gobierno de Humberto Moreira Valdés, quien provenía del sector magisterial, los sindicatos volvieron a recibir canonjías que ya se les habían retirado.

Hoy se está pagando la cuenta de una mala planeación y de un derroche de recursos, que eran negociados por los líderes sindicales, quienes no sólo obtenían recursos económicos sino también posiciones políticas, al grado de que había caprichos de los dirigentes, quienes podían convertir a sus protegidos en diputados e inclusive alcaldes de ciertas municipalidades, además de otorgarles cargos públicos de lo más diverso. En los años ochenta un Dionisio Sánchez Villaseñor, que tal vez sea el líder magisterial de la Sección 38 que llevó la corrupción a sus niveles más altos, colocó, por capricho personal a Lucila Ruíz Múzquiz como diputada local, entre muchas otras posiciones que le eran otorgadas. Cuando le preguntaban por qué había hecho diputada a Ruiz Múzquiz, quien se desempeñaba como química en la clínica del magisterio, no maestra, cínicamente decía: “porque me dieron ganas”.

Oscar Flores Tapia, quien se consideraba profesor, también tuvo en su gobierno un trato de excepción hacia los sindicatos magisteriales, lo que dejó abierta la puerta para negociaciones desproporcionadas en los años siguientes, como en el gobierno de José De las Fuentes Rodríguez, en el que se dieron los excesos anteriormente mencionados.

La nómina del buró del Sindicato de Trabajadores de la Educación, Sección 38, le sigue costando demasiado cara al gobierno estatal, ya que el SNTE tiene cientos de maestros “comisionados”, quienes no están frente a grupo pero cobran íntegramente su sueldo, y éste suele ser de categorías altas, lo que requiere el pago de plazas suplentes por años o más bien de manera permanente.

Sin recursos y ante la crisis financiera urgente de los fondos de pensiones, se ha tenido que modificar la ley, lo que tendrá un costo político-electoral, pero éste sería mucho peor si no se adoptan las medidas que son indispensables, pues el sistema pensionario colapsaría en el corto plazo; de hecho ya está absorbiendo recursos públicos que deberían de destinarse a otras inversiones.

La mayoría de los gobiernos de los estados enfrentan una situación similar en sus finanzas, en parte debido a las negociaciones y beneficios que otorgaban al SNTE, que se volvieron cada vez más altos durante la dirigencia de Elba Esther Gordillo (un cacicazgo que se prolongó por décadas) además de la falta de previsión para reforzar las finanzas de los fondos de pensiones estatales, los cuales nunca tuvieron una planeación a largo plazo. Hoy hay que pagar el costo.    

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