La corrupción de las empresas privadas


Por: La redacción / agencias

En el estudio para evaluar la percepción que existe sobre la corrupción en el país y las medidas para evitarla, ambos organismos detallaron que en los resultados, bajo una escala del uno al cinco –donde cinco es el más alto- la impunidad alcanza una nota de 4.6 puntos.

Entre otro de los factores, destaca la falta de integridad en el sector público, con 4.50 puntos, y el alto número de leyes, normas y regulaciones, con 4.15; aspectos que se revelan como los escenarios más visibles al interior de las empresas.

Entre otros resultados, resalta que alrededor del 35% de los empresarios señaló que denunciaría la corrupción directamente con la dirección general; sin embargo, el 30% de las empresas no cuenta con un código ético mientras, que el 60% no cuenta con presupuesto para ello.

Ante estos escenarios, Felipe González y González, presidente ejecutivo del CEGI del IPADE, destacó, en el marco del lanzamiento de la iniciativa para combatir la corrupción en las empresas, la urgencia de fomentar en las empresas sistemas de prevención de actitudes que pongan énfasis en que el factor cultural es clave para atacar la corrupción.

Por su parte Maciej Bazela, director adjunto del CEGI y profesor del área de Entorno Político y Social del IPADE, señaló que, de acuerdo a la encuesta, los actos más comunes son el favoritismo, el nepotismo y las mordidas, pero también la evasión fiscal y el incumplimiento de normas, aunque para erradicarlo, agregó, consideran necesarios la voluntad política así como política e incentivos y cultura de integridad.

Entre los sectores económicos que lideran los niveles de corrupción con un 55.8% se encuentran la industria manufacturera, los servicios profesionales, científicos y técnicos, la construcción y los servicios financieros y de seguros.

Así, el proyecto busca identificar y promover nuevas prácticas dentro del gobierno corporativo mediante la organización de grupos focales y talleres de capacitación en las tres principales ciudades del país.


UN EJEMPLO: HOSPITALES Y MÉDICOS

En sector de servicios profesionales, uno de los primeros lugares lo ocupan los médicos, y en el de los servicios los hospitales públicos y privados.

Se estima que por lo menos el 85% de la consulta que se realiza dentro del sector médico privado, no se factura, lo que lleva a una evasión fiscal muy elevada. En el caso de intervenciones quirúrgicas tanto menores como mayores, sólo son facturadas aquellas que se realizan a través de empresas aseguradoras, mientras que el resto entran como ingresos libres a los médicos.

La ética médica se ha ido relajando en las últimas décadas, lo mismo que las normas de prestación de servicios que rigen a los hospitales privados, quienes para cobrar sumas más elevadas de dinero pueden manipular la práctica médica y los servicios que requiere realmente un paciente, convirtiéndolo en uno de los sectores con precios más elevados del país, muy por encima de los índices de inflación oficiales.

En este caso la práctica de la corrupción se traduce como una pretensión desmedida de lucro, con un paciente que ignora casi todo sobre su enfermedad, pero principalmente porque en México las autoridades gubernamentales son sumamente blandas para sancionar los errores y las prácticas profesionales incorrectas de los médicos. La llamada Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que opera en todos los estados del país, ha mostrado ser un organismo blando e ineficiente para proteger a los pacientes, a diferencia de lo que sucede en países desarrollados, donde la práctica médica está mucho más vigilada y el usuario cuenta con recursos eficientes para hacer valer sus derechos.

En el sector empresarial, la industria de la construcción ocupa el primer lugar en prácticas de corrupción, en parte por su cercanía con los gobiernos y funcionarios públicos. Aun cuando existen organismos de transparencia a nivel estatal y federal, e inclusive hay una ley en la materia que regula el otorgamiento de contratos por parte de los gobiernos e instituciones públicas, la práctica del llamado “diezmo” o cobro del 10% de los contratos por parte de los funcionarios públicos está todavía generalizada a nivel nacional, no importando qué partido esté en la posición de gobierno. Hay corrupción generalizada en gobierno panistas  (caso de Sonora), perredistas (Tabasco) o priistas (Nuevo León) y los montos más altos se desvían a través de las obras públicas, las que son asignadas a las empresas privadas.

Pero los constructores no son los únicos que están en la lista. Por citar otro ejemplo, la CONAGUA es uno de los organismos a nivel nacional que más corrupción genera, a través de beneficios y prácticas corruptas en favor de agricultores y ganaderos en todo el país. En este caso la corrupción se da a través de la permisión de la violación a las normas sobre el uso y la explotación comercial de los recursos acuíferos. Esta corrupción ha creado un escenario crítico a nivel nacional: de un total de 653 acuíferos, 191 de los más importantes se encuentran sobreexplotados y podrían colapsarse en el transcurso de los próximos años. El 70% de los estados del país -22 entidades- tienen problemas de sobreexplotación de sus acuíferos, entre ellos se encuentran todos los estados del norte, incluido Coahuila, que enfrenta un escenario delicado en un futuro a mediano plazo, pero tal vez lo más importante es que no hay medidas enérgicas para cambiar esta corrupción y proteger las cuencas hidrológicas, comprometiendo no sólo la propia agricultura y ganadería, sino el abasto de las principales zonas urbanas de la entidad.  

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