El precio de estar preso



Organizaciones civiles y estudios académicos señalan que un preso puede desembolsar un promedio de 5.000 pesos al mes, por vivir en relativa calma dentro de una prisión. En otros casos la cuota es mayor, según el sitio donde se encuentre o los servicios que necesite.

Los problemas se presentan sobre todo en las 277 prisiones estatales del país. En prácticamente todas ellas existen cuotas informales, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En México, la población penitenciaria es de 254,705 internos, la mayoría en cárceles que dependen de los estados. No se sabe cuánto dinero pagan los reos, pero un dato de la organización civil “Documenta” ofrece una dimensión del problema.

Los cobros a prisioneros empiezan desde el momento en que pisan la cárcel. Primero para que se le entregue una muda de ropa beige, el color reglamentario para los procesados de muchas prisiones. La cuota puede ser de unos 20 pesos. Luego hay que pagar por ocupar una plancha de cemento para dormir y también por conseguir una cobija. El cobro, en promedio, es de 100 pesos, aunque varía según el tipo de prisión.

Enseguida vienen otras cuotas: por entrar al baño, por cumplir con la lista de asistencia, salir de la celda o el pasillo donde se encuentre, por cruzar cada puerta o recibir un aviso o notificación del juzgado. En estos casos los pagos varían entre 5 y 10 pesos cada vez.


SEGURIDAD

Las cuotas aumentan según otras necesidades: 2 pesos por cada litro de agua, 15 pesos semanales por recibir la comida de la prisión, 20 pesos por rentar una mesa de plástico en las visitas familiares o entre 100 y 260 pesos a la semana por dormir acostado.

No es todo. Para evitar agresiones dentro de la cárcel se pueden contratar guardaespaldas. La tarifa: entre 2.500 y 5.000 pesos mensuales. Una cantidad similar a la que se cobra por no ser trasladado a las áreas donde se encuentran  la mayoría de los internos o a dormitorios considerados peligrosos. Los pagos se  prolongan durante todo el tiempo que el reo permanece en la cárcel.

Las cuotas se entregan a internos, custodios y empleados de los juzgados, pero ellos no se quedan con todo, afirma Saskia Niño de Rivera, presidenta de la organización “Reinserta”, que trabaja por mejorar la situación de las penitenciarías de México.

“Ese dinero llega muy alto, los custodios no se lo quedan y tampoco los directores de los penales. Llega mucho más arriba”, comenta.


LOS PERDEDORES

En la mayoría de los casos, el costo de vivir en una cárcel lo pagan los familiares de los internos. Y es un precio alto, dice el estudio “Las mujeres invisibles: los verdaderos costos de la prisión”, de la investigadora Catalina Pérez Correa.

“Para muchas personas ha implicado perder su casa y/o carro, tener que comenzar a trabajar o tomar un trabajo adicional, dejar de estudiar, dejar de frecuentar amigos, de cuidar a sus hijos”, afirma.
En opinión de la CNDH el 70% de las cárceles estatales son gobernadas por los presos. No es sólo entregar dinero para cuidar a su familiar preso, sino también cada vez que lo visitan. Son otras tarifas que casi siempre están a cargo de los custodios: 20 pesos por introducir una tarjeta telefónica, 80 pesos por un alimento no autorizado o 120 para no cambiar de zapatos por los que señala el reglamento. Un aparato electrónico como televisión o equipo de sonido paga entre 800 y 1.000 pesos como cuota de ingreso. Y llevar a los internos un teléfono móvil cuesta entre 1.500 y 2.000 pesos, según la prisión.

Una vez dentro de la cárcel, los familiares también pagan algunas de las cuotas de los reos. Pedirle que le avisen a un interno de su llegada cuesta 10 pesos y, luego, entre 2 y 5 pesos por cada puerta que cruzan.

Esta cantidad se multiplica por cada uno de los visitantes a las prisiones. Sólo en la ciudad de México, por ejemplo, se realizan un promedio de 3,2 millones de visitas anuales.

Pero el dinero es parte del problema. En contextos vulnerables, como viven la mayoría de los reos en México, el precio en prisión crea un círculo vicioso que no ayuda a la rehabilitación, advierte el estudio de la investigadora Pérez Correa. Un costo que no se queda tras las rejas.

 “Se incrementan las probabilidades de que existan problemas de abuso de sustancias, violencia y delitos en las familias”, añade el documento.

En el fondo, lo que hay detrás del problema es la falta de control de las prisiones estatales. Según el “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014”, de la CNDH, en el 70% de las cárceles más sobrepobladas existe “autogobierno”. Es decir, que el verdadero control lo ejercen los reos.
Parte del problema es la sobrepoblación penitenciaria y los bajos sueldos de los custodios, pero sobre todo la omisión de las autoridades. “No hay interés por crear un sistema penitenciario que funcione. No concluyen que la cárcel es el último eslabón del sistema de seguridad en el país”, comenta Pérez Correa.

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