CORRUPCIÓN: ¿somos todos?



Opuesto a lo que dictaba el dicho popular durante el periodo de José López Portillo, la corrupción no somos todos: una parte mayoritaria tiene que pagar los costos de esa corrupción de políticos, empresarios, líderes sindicales, funcionarios públicos, policías, jueces, maestros del sector público y todos cuantos ejercen alguna forma de este mal endémico que, argumentan historiadores y sociólogos, se remonta hasta la época colonial, cuando los puestos públicos se vendían para lucrar con ellos, pero eso no parece suficiente para explicar por qué se ha extendido hasta nuestros días. Lo mismo se dice, y con bastante razón, que la revolución de 1910 vino de la mano de la corrupción, cuando los ejércitos revolucionarios depredaban los pueblos y haciendas de todo el país, al grado de que el apelativo “carranclán”, que era aplicado a las tropas de Venustiano Carranza, se convirtió en sinónimo de ladrón. Había casos, como los de Tomás Urbina en el estado de Durango, donde los jefes revolucionarios eran verdaderos bandidos. Es penoso abordar esa faceta, pero el mismísimo Francisco Villa fue un bandido y abigeo antes de ser el caudillo de la división del norte; Álvaro Obregón y sus allegados también sentaron fama más que bien ganada de corruptos. 

Lo cierto es que la revolución murió en buena parte de corrupción y el régimen que creó tuvo como uno de sus ingredientes principales la corrupción, que se extendió hasta nuestros días por todos los gobiernos priistas, lo que está demostrado hasta la saciedad.

Sin embargo, ¿por qué la corrupción no desapareció o por lo menos bajó cuando el PAN ascendió al poder federal en el año 2000 y duró en él hasta el 2012? Esto es más difícil de explicar, pero todo indica que la cultura de la corrupción y el pragmatismo fueron mucho más poderosos que la doctrina social cristiana de los panistas y la contradictoria ideología de la izquierda mexicana, tanto o más corrupta que el propio priismo.


CORRUPCIÓN: LA BASE DEL GOBIERNO

Cosas pequeñas se podría decir, pero formas cotidianas de la corrupción, el principal mal que afecta a México y a muchos otros países del mundo, sobre todo del subdesarrollado. La corrupción impide una modernidad que se tarda ya demasiado en instalarse, pese a todos los discursos gubernamentales.

En el municipio de Lerdo, Durango, que forma parte de la zona conurbada de La Laguna, hay una ranchería cercana a la cabecera municipal de nombre Monterreicillo, a la cual le ha sido suspendido el servicio de agua potable porque el jefe de cuartel anterior, quien era encargado de la administración del cobro del agua potable a los habitantes, a razón de 60 pesos al mes, desapareció dejando un faltante cercano al millón de pesos. Molestos, los habitantes de la comunidad eligieron a un nuevo comité encargado del agua, que se dedicó a la tarea de cobrar todos los adeudos, a incrementar a 100 pesos la cuota mensual para pagar la deuda y a “terciar” el servicio, que ahora fue de un día sí y otro no. Todo parecía resuelto, pero no;  nuevamente hubo una mala administración y un adeudo adicional que pagar, a lo que se negaron los habitantes de la ranchería, provocando que el Sistema de Agua Potable del municipio desmantelara parte de las instalaciones y dejara sin agua a todas las familias, por tiempo indefinido. Así pasarán ésta navidad, porque al problema no se le ve solución.

Un agente de tránsito de Torreón le ordenó pararse a un vehículo nuevo, de cierto lujo, porque había cometido una infracción. Después de la revisión de rigor había que aplicar una multa. El conductor, quien resulto un médico especialista, le hizo entonces una propuesta indecorosa: le regalaría la consulta si le condonaba la multa de tránsito. El agente, quien por cierto es de los que manejan una de las nuevas y flamantes motocicletas de la marca Harley-Davidson, acudió puntual al siguiente día a su consulta gratuita.

De los políticos pareciera innecesario citar casos y ejemplos sobre su corrupción, no importando al partido al que pertenezcan, pero es inevitable referir que son los políticos quienes encabezan la lista de la corrupción y son, al mismo tiempo, quienes más influyen en que este fenómeno no se modere o desaparezca. Estamos rodeados de políticos que están o estaban lucrando con su profesión y con los cargos públicos que reciben, quienes pasan de poseer modestos patrimonios familiares a formar capitales considerables, ya bien conocidos dentro del medio social: vehículos de lujo, mansiones, ranchos, negocios, cuentas bancarias, viajes extravagantes, de todo; pero no se sabe de uno solo que esté en la cárcel purgando alguna condena por ilícitos que tienen que ver con ese enriquecimiento. El hecho de que el anterior gobernador de Coahuila, Jorge Torres, sea prófugo de las autoridades se debe a la acción del poder judicial norteamericano, no al nuestro y, lo que es peor, esto parece haber dejado de generar asombro entre la población.

Este mismo año la principal empresa expendedora de gasolinas y gas en La Laguna se vio envuelta en un escándalo al serle incautadas dos enormes camiones pipa cargados de gasolina robada, en el estado de Tamaulipas. La noticia ni siquiera alcanzó las planas de los periódicos, pero sí de las redes sociales, las cuales publicaron inclusive fotografías explícitas. El robo de gasolina es uno de los principales negocios ilícitos del país. ¿Y quién la vende? Pues los empresarios particulares, quienes así multiplican sus ganancias, con la complicidad de los propios inspectores de Pemex y de Hacienda. No es gratuito que los empresarios se encuentren en el segundo lugar de la lista de la corrupción.
La Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, que abarca parte de La Laguna, tiene más de 200 maestros “comisionados”, lo que quiere decir que no trabajan y si cobran sus sueldos y conservan todos sus derechos laborales. Es muy penoso aceptarlo, pero de acuerdo a organismos como Transparencia Internacional, en México hay tres sectores que ocupan los índices más generalizados de corrupción: el sistema penitenciario, el sistema judicial-policiaco y el sistema educativo. La polémica y los conflictos que se han desatado a nivel nacional por la Reforma Educativa impulsada por el gobierno federal, han expuesto con amplitud y detalle hasta qué grado había llegado la corrupción al sistema de educación oficial.


MUCHO DINERO SUELTO

En un breve artículo  sobre la corrupción, que formó parte de un debate organizado por Tribuna Milenio, Héctor Aguilar Camín hace la siguiente reflexión:

“Una primera razón [de la corrupción] es el mucho dinero suelto, no sujeto a cuentas, que ha circulado en el país. La cuenta mayor es probablemente la que se repartió a los estados bajo la forma de participaciones federales y primas por el fondo petrolero. Si recuerdo bien, un estudio de la secretaría de Hacienda del año 2009, afirma que por esta vía del pacto federal se había repartido a los estados el equivalente a cuatro veces el Plan Marshall que financió la reconstrucción de Europa. De todo ese dinero no se han rendido cuentas cabales porque son fondos que llegan de la federación, pero cuyo gasto se aprueba en los congresos estatales. La vigilancia local no es buena, como puede suponerse. Hay algo para todos y todos reciben algo en el reparto de la gran piñata estatal de fondos federales.

“Durante la gira que hicimos por treinta ciudades a finales de la década pasada Jorge Castañeda y yo, presentando y discutiendo nuestro ensayo ‘Un futuro para México’, la queja ubicua de la gente era la corrupción. Había mucho dinero en los gobiernos locales, dinero venido del fondo federal, y se notaba en distintos rubros. En obra pública, desde luego, pero finalmente en la captura, por parte de los gobernadores hábiles, de instancias que debían ser sus contrapesos: el Congreso, los institutos electorales, los medios de comunicación, las comunidades empresariales. De una o de otra manera, a todos les iba bien con la derrama. Había demasiado dinero suelto del que nadie rendía cuentas y del que todos se beneficiaban.”

Esta parte de la reflexión de Aguilar Camín toca, de manera íntima, la dinámica que imperó durante el gobierno estatal de Humberto Moreira en Coahuila y de Ismael Hernández Deras en Durango, aunque el caso de Humberto Moreira es mucho más extremo, pues además de todo el dinero federal suelto se recurrió a un gigantesco endeudamiento a través de la banca privada, que tiene una gran responsabilidad de la cual se habla muy poco o más bien nada, pues se otorgaron simultáneamente enormes créditos inclusive utilizando documentos falsificados, lo que era imposible de no detectar, pero en garantía quedaron precisamente los fondos federales. Corrupción de dos grupos: uno gubernamental y el otro bancario.

Aguilar Camín continúa su comentario:

“Un segundo afluente en la epidemia de la corrupción mexicana es imposible de medir aunque es imposible también que no haya tenido un fuerte impacto. Me refiero al efecto corruptor del narcotráfico y el crimen organizado sobre el gobierno y sobre la sociedad. No hay historia pequeña o grande  de crimen organizado que no implique la corrupción de policías, jueces, políticos, militares, empresarios.

 “La corrupción que viene del crimen organizado toca el corazón de la procuración de justicia y sus instrumentos. Es una invitación permanente a violar la ley o a burlarla. Miles de jóvenes toman esa oferta y miles han muerto o matado por subirse a ella. No podemos saber cuánto ha corrompido a nuestra sociedad el crimen organizado. Podemos estar seguros de que no existiría sin ella.

“Pienso finalmente que estamos por entrar a un tercer gran afluente de la corrupción mexicana, asociado a usos y costumbres del Estado. Es el que deriva del otorgamiento de concesiones públicas. México está entrando en una fase de licitaciones y contratos como no ha tenido en décadas. Pienso en la apertura de la economía que traerán las reformas  y en el horizonte de contratación de obra pública asociado.

“Todos los ciclos expansivos de este tipo -el alemanismo en los 50 del siglo pasado, el lopezportillismo en los 80, el salinismo en los 90- han dejado una estela de grandes negocios, nuevos empresarios y escándalos de corrupción. La nueva era de expansión económica, licitaciones y contratos públicos que se avecina es una oportunidad enorme para corregir nuestra historia de corrupción pero también para refrendarla”.

Rogelio Montemayor Seguy
Esto último es una explicación que le viene como anillo al dedo al gobierno estatal de Rogelio Montemayor Seguy, íntimamente relacionado a la era salinista. En ese periodo el propio Rogelio Montemayor y su familia participaron de la venta de empresas paraestatales -Complejo Pajaritos, para ser más específicos-; se hicieron grandes negocios privados en los que se dio una colusión íntima entre los funcionarios de ese gobierno estatal y nuevos empresarios, por más que el solo mencionarlo indignara a Juan Antonio Murra Giacomán, encargado de desarrollo económico del periodo. AHMSA, la empresa siderúrgica más importante del país y todo el complejo carboeléctrico de Micare I y II, pasaron a manos de empresarios privados que no tenían ni la experiencia ni el capital para hacer semejantes inversiones, pero sí el aval del gobierno salinista. Hoy pasan por honorables empresarios.

Como es de sobra conocido, la historia terminó mal, como terminó mal el propio Carlos Salinas de Gortari. Nombrado director de Pemex, Rogelio Montemayor se llevó con él a parte de su equipo, entre ellos a Antonio Juan Marcos Issa, quien a partir del manejo de las relaciones internas en Pemex se convirtió en uno de sus más grandes contratistas, sin importar que Rogelio Montemayor, en lo que fue un poco de justicia, terminara procesado por daños patrimoniales en contra de la paraestatal y preso en los Estados Unidos de Norteamérica; pero todos los nuevos empresarios que produjo el sexenio y los funcionarios que se enriquecieron siguen gozando de toda aquella corrupción.

Hoy muchos empresarios coahuilenses se alistan para participar en esa nueva era de licitaciones y contratos que menciona Aguilar Camín, producto de las reformas que ha impulsado el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La presencia del crimen organizado y la corrupción que éste ha generado tanto en Coahuila como en Durango es sumamente asertiva. Los índices de esa delincuencia han descendido y también ha disminuido muy sensiblemente su evidencia social, pero el lavado de dinero, los negocios y los nexos de corrupción se han quedado en todo el estado de Coahuila, ya no digamos de Durango. Ese lavado de dinero no solamente no ha disminuido, sino que existe la impresión de que se ha incrementado en algunas regiones, como es el caso de La Laguna. Los políticos lo saben, lo mismo que las comunidades empresariales, el ejército y los cuerpos de seguridad federales, pero el reparto de beneficios es amplio y todo mundo alcanza una parte de ello.




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