Lavado de dinero: negocio político y poco investigado.

Por: La redacción

De acuerdo a datos de la DEA estadunidense, en México se “lavan” cada año de 15 mil a 20 mil millones de dólares. Esto convierte al lavado de dinero en una de las principales actividades de la economía mexicana, casi semejante al monto de las remesas que envían los migrantes y muy cercana de las principales actividades que soportan la economía nacional, como los ingresos por turismo nacional e internacional, por citar tan solo un ejemplo.

Ignacio Chacón Cuellar 
Ignacio Chacón Cuellar es un empresario conocido en Parras de la Fuente, Coahuila, una ciudad muy pequeña y muy tradicional, donde todo mundo se conoce, si no de manera directa por lo menos sí de referencia. Dentro de ese reducido medio empresarial, el “quien es quien” en los escasos negocios locales hace imposible guardar un secreto, mucho menos formar un capital sin que exista una explicación lógica de su procedencia.

Chacón Cuellar era el director de la vinícola y el hotel de la Antigua Hacienda de Perote. De hecho no era muy bien visto dentro de su medio, por lo poco claro de su prosperidad, pero tampoco había llamado especialmente la atención.

El pasado 9 de mayo Ignacio Chacón fue detenido en Mexicali, Baja California Norte, acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En el cateo a una residencia de su propiedad en el fraccionamiento residencial Los Pinos, le fue asegurada una suma de 25 millones de pesos en efectivo, denominados en pesos y en dólares.

De acuerdo al parte informativo de la PGR, en el operativo que llevaron a cabo la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), en varias partes de la residencia se localizaron 7 millones 381 pesos y 1 millón 249 mil dólares. El dinero fue localizado en cajas de cartón y en algunas pequeñas cajas de seguridad que se encontraban en varias partes de la vivienda, incluso en el piso, debajo de alfombras.

Oficialmente la investigación se derivó de reportes de aparentes movimientos irregulares en la vivienda, en los que incluso se mencionó la presencia de armas o droga. Actualmente Ignacio Chacón se encuentra detenido en el Centro de Reinserción Social de Mexicali, en tanto se lleva a cabo la investigación por parte de las autoridades judiciales.

El caso exhibe uno de los problemas criminales más importantes de México: si un empresario de medio pelo de una ciudad tan modesta como Parras de la Fuente mantiene, en una residencia ubicada en Mexicali, Baja California Norte, 25 millones de pesos en efectivo, se crea una idea de la magnitud con que se dan operaciones de lavado de dinero en las demás ciudades de Coahuila, y del país en general.

En la experiencia de la región lagunera, cuando comenzó la lucha entre las organizaciones delincuenciales (finales de 2007 y principios de 2008), el primer enfrentamiento se dirigió hacia las redes de lavado de dinero y complicidad de los contrarios, a través de una serie de acciones como la desaparición de algunos abogados y notarios públicos, el levantón o secuestro de joyeros y prestamistas, atentados en contra de determinados empresarios, la desaparición de políticos que habían tenido un protagonismo muy reciente en la región, la presión o amenaza en contra de varios empresarios bien localizados. En resumen, se había efectuado una labor previa de inteligencia para determinar cuáles eran los mecanismos a través de los cuales operaban los contrarios, no en el aspecto de sus grupos de choque, sino de lo sustancial: el dinero, que es la base de cualquier forma de delincuencia organizada.

Todo cuanto se hace, absolutamente, es de fondo por dinero, y es el dinero lo que permite movilizar todas estas organizaciones, que se vuelven cada vez más complejas y costosas. Sin dinero no hay sicarios, no hay corrupción policial, no hay cubertura política, tampoco existen redes de trasiego de enervantes, ni armas, ni refugios, en fin, no hay nada.


LA NUEVA LEY ANTILAVADO

A cuatro años de que fuera aprobada por el Senado de la República la nueva ley contra el lavado de dinero, con el propósito de debilitar las estructuras financieras del crimen organizado, los resultados no parecen muy alentadores, a juzgar por la cantidad y el alcance de las operaciones que se han llevado a cabo en contra de este delito.

En dicha ley, aprobada el 28 de abril de 2011, se incluye una pena de hasta 16 años de cárcel para quienes sepan y no informen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de actos ilegales de lavado de dinero.

Además, contempla multas de hasta 4 millones de pesos o el 100% del valor de la operación, y se prohíben transacciones en efectivo para la compra de bienes inmuebles de más de un millón de pesos.
El dictamen sufrió modificaciones de forma, pero no de fondo. Estableció la creación, al Interior de la Procuraduría General de la República, de una unidad especializada en análisis financiero contra el crimen organizado. La unidad tiene el carácter de agencia del Ministerio Público de la Federación, contando con oficiales ministeriales y personal especializado en esta materia, y debe enviar al Senado un informe anual sobre este delito.

La nueva legislación, denominada Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, considera como “actividades vulnerables” aquellos actos, operaciones y servicios que prestan las entidades financieras. Clasifica como entidades financieras a las instituciones de crédito, la Bolsa Mexicana de Valores, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), las uniones de ahorro, sociedades de inversión, cooperativas y ahorro y aseguradoras.

Dichas entidades deberán establecer medidas para detectar posibles operaciones inusuales, para lo cual deberán crear un expediente de identificación de cada uno de los clientes. Además, deberán reportar a la Secretaría de Hacienda toda operación, actividad, conducta o comportamiento inusual de algún cliente en función de origen, destino y monto de los recursos, sin que exista una justificación razonable para ello.

Se establece que las actividades propensas al lavado de dinero son los juegos con apuesta, la venta de boletos para dichos juegos, la emisión de tarjetas de crédito y de cheques, así como el ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos y créditos, además de la prestación habitual o profesional de servicios de construcción de inmuebles.
Se contemplan, también, la comercialización habitual o profesional de metales y piedras preciosas, joyas o relojes, cuyo valor sea igual o superior a los 20 mil pesos, y de obras de arte con un costo mínimo de 300 mil pesos. Las entidades financieras deberán reportar a la Secretaría de Hacienda la compra de inmuebles y la comercialización de vehículos nuevos o usados (aéreos, marítimos y terrestres) por 400 mil pesos o más.


EL LAVADO EN LA LAGUNA

A raíz de la disputas de las organizaciones del crimen organizado, en La Laguna de Coahuila y de Durango afloraron las actividades económicas a través de las que se realiza lavado de dinero. El primer lugar lo ocupan los bienes y raíces (compra venta de casas , terrenos, ranchos y construcción), seguido por la compra-venta de automóviles nuevos y usados, el sector de servicios (principalmente restaurantes y antros), los casinos o casas de apuestas (que fueron suprimidos por el gobierno de Rubén Moreira), el préstamo de dinero a pequeña y gran escala, la compra-venta de joyas (que ha venido a la baja) y, en menor proporción, el establecimientos de empresas medianas de servicios o de transformación.

La explicación del por qué notarios y abogados fueron “levantados” o desaparecidos en los años más álgidos de la llamada guerra contra el narcotráfico, se explica por la participación de éstos en la formalización de actividades de lavado de dinero en el sector de los bienes y raíces y, en general, en la constitución de sociedades hechas exprofeso para esta actividad delictiva.

¿Cómo se da esto? Pongamos un ejemplo. Rodrigo buscaba comprar una casa en alguna colonia residencial del suroriente de la ciudad de Torreón. Después de ver varias ofertas encontró una inusualmente atractiva: una residencia nueva y totalmente equipada y amueblada, con un costo de tres millones y medio de pesos. Pidió hablar con el propietario y le comunicaron con un hombre joven que supuestamente radicaba en la ciudad de Hermosillo, quien le proporcionó un teléfono celular con clave de la ciudad de México. Después de regatear convinieron en que si compraba la casa amueblada, le hacía un descuento de 300 mil pesos, siempre y cuando se pagara de contado. El trato de cerró y se estableció una cita ante el notario público para formalizar la operación y tramitar las nuevas escrituras. Para Rodrigo fue una sorpresa que la propietaria legal de la casa era realmente una muchacha soltera de 26 años de edad, pero esta nunca apareció; en su lugar se presentó la hermana de la persona con la que había negociado, quien poseía un poder amplio para realizar cualquier tipo de operación en relación a la residencia. El notario revisó la documentación y les indicó que todo era correcto, que podía llevarse a cabo legalmente la compra-venta. Rodrigo firmó toda la documentación, lo mismo que la apoderada legal. La oferta era muy atractiva como para dejarla ir, pero nunca conoció a la propietaria y tampoco conoció nunca a la persona con la que hizo la negociación, se limitó a extender un cheque de caja por la cantidad total de la residencia. A la fecha vive en ella y no ha tenido problema alguno. Ni el notario ni los funcionarios bancarios reportaron que hubiera algo especial en la operación, no obstante que implicó tres millones doscientos mil pesos.

El hecho muestra cómo, a través de un procedimiento notarial y a través del derecho civil y mercantil, se pueden realizar una infinidad de operaciones de traslado de dinero sin que haya problema con las autoridades.

En este mismo año se dio, a nivel internacional, una importante filtración de cuentas millonarias en la sucursal del banco HSBC en Suiza. Surgió todo un listado de conocidos empresarios y políticos mexicanos, sin que la Secretaría de Hacienda ni la PGR intervinieran para conocer más del asunto, cuando es presumible que se trata de dinero sustraído del país de manera irregular y, en consecuencia, con un origen que debe ser investigado.

Para citar otro ejemplo. En los años de incidencia delictiva más duros de la región lagunera se robaban de manera violenta más de dos mil vehículos anuales ¿A dónde iban a parar esa enorme cantidad de vehículos sino era a la compra-venta en el mercado de autos usados del país? Pero antes de que se desatara la ola de violencia, ya la venta de automóviles nuevos se había convertido en la región en una de las formas preferidas para el lavado de dinero. Los viejos distribuidores se quejaban, y se quejan, de la competencia desleal que ha saturado el mercado de agencias, pero a la fecha no se ha dado una demanda ante las autoridades, por el contrario, cada vez surgen más agencias de venta de automóviles nuevos y usados. El tope de 500 mil pesos como máximo para, a partir de ahí, informar de las operaciones de compra-venta que resulten irregulares, es un margen demasiado amplio, dentro del cual caen la mayoría de los vehículos nuevos y usados que se encuentran a la venta en las agencias de automóviles, además hay toda una serie de procedimientos para evitar que una compra-venta se convierta en “sospechosa”, lo que hasta ahora hace mínimas las denuncias que han realizado los concesionarios a nivel nacional, ya no digamos regional.

En este sector de la compra-venta de autos y camiones, como una de las formas más recurrentes para invertir las ganancias del crimen organizado, el negocio del auto trasporte se convirtió en una de las actividades más atractivas, pues además del blanqueo de dinero genera una infraestructura que puede ser utilizada para el trasiego de drogas a través del territorio nacional y hacia Estados Unidos.

La gasolina se volvió otro negocio negro. Como las bandas del crimen organizado incursionaron cada vez más en el robo de combustibles a Pemex, desarrollaron toda una red de distribución, que por supuesto incluyó a cadenas de gasolineras establecidas, las que adquirían el combustible a un precio de oferta, para venderlo a un precio oficial. ¿Cómo pueden eludir las inspecciones de Pemex y el hecho de vender mucho más gasolina de la que oficialmente compran? Basta repartir una parte de las ganancias a los funcionarios de inspección y vigilancia de Pemex y de la dependencias oficiales que puedan tener alguna injerencia, para que el disimulo quede resuelto y el negocio negro opere con total impunidad.

De acuerdo a los reportes oficiales, el lavado de dinero a gran escala en la región es anterior a la ola de violencia que inicia en el 2007, cuando las organizaciones del crimen organizado “trabajaban” de manera más cómoda, lo que se complicó con la lucha entre los cárteles que, como parte del control de la plaza, se disputaban los canales de blanqueo de dinero, una actividad que se volvió mucho más peligrosa.

Por filtraciones de funcionarios bancarios, en el momento de auge de los casinos que se instalaron en la región, cuya clientela era principalmente femenina, el más exitoso de ellos trasladaba a la ciudad de Monterrey un millón de pesos diarios, lo que da una idea del negocio si había hasta seis casinos, unos con menor y otros con mayor éxito. Después de los sucesos de Monterrey, donde un grupo de sicarios incendiaron un casino, provocando la muerte de más de 60 personas, finalmente los gobiernos estatales asumieron su responsabilidad y tomaron medidas, que en Coahuila fueron drásticas.

Una vez que los índices de violencia a nivel nacional han descendido en las regiones del norte, los registros de la DEA indican que el lavado de dinero no ha disminuido en forma proporcional, por el contrario: se mantiene en niveles semejantes al periodo anterior de la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Lo que ha sucedido es una serie de reacomodos y redistribuciones de los flujos de dinero hacia el mercado nacional.


LAS CRÍTICAS A LA NUEVA LEY

Entre los críticos más agresivos hacia la nueva ley en contra del lavado de dinero, están aquellos que consideran que se está convirtiendo a los empleados del sistema financiero en investigadores, función que le corresponde al ministerio público, pero además les están fijando sanciones muy severas por omisión, en caso de que les fuera comprobado que no reportaron una operación con características de tener un origen ilícito, lo que violentaría inclusive sus garantías individuales si se llegan a aplican los castigos. El otro asunto es determinar a quién le corresponde informar dentro de la institución financiera: al gerente de sucursal, de plaza, de zona o a mandos de alcance nacional.

Las opiniones más extremas están orientadas a prever que la nueva ley va en contra de la actividad económica, ya que restringe su libre actividad y puede generar una cantidad enorme de información, lo que es inclusive complicado para el propio gobierno, quien no tendrá la capacidad de procesarla, ya que es tan crítico estar como ahora: con una muy escasa información, como verse inundados con una avalancha de datos y reportes de todo el país relacionados con posibles operaciones de origen ilícito, pero los autores de la ley consideran que esto no sucederá, porque tendría un costo muy elevado para las empresas e instituciones, quienes tendrán que limitarse a casos selectivos, que además deberán ser manejados de manera cuidadosa, con discrecionalidad y un soporte muy bien fundamentado.

Otra de las críticas más significativas está relacionada con las facultades y el manejo que tendrá la nueva Unidad Especializada en Análisis Financiero. El cuestionamiento es si asumirá precisamente funciones de investigación, atacando grandes operaciones de lavado de dinero, para cortar los flujos de efectivo hacia organizaciones importantes o, lo que sería lamentable, que se limitara a la información que se le proporcione por parte de los negocios y se quedara en casos de bajo perfil, lo que sería una pérdida de tiempo y el extravío del espíritu de la nueva ley.

Por lo menos hasta ahora no ha habido casos de verdadera importancia en la lucha contra el lavado de dinero. Coahuila y Durango son un ejemplo contundente de ello, porque además en esta actividad ilícita no sólo está involucrado el narcotráfico sino también una gran cantidad de políticos de todos los niveles.

Un contratiempo más que existe en la investigación del dinero negro, es que todas las operaciones conducen a Estados Unidos o a ciertos países europeos, que hasta ahora han manejado una política muy laxa en esta materia, considerando las proporciones de su mercado de enervantes y de sus instituciones financieras.

Finalmente los críticos de la nueva ley, consideran que la lucha en contra del crimen está restringiendo las libertades individuales, dándole al estado más poder para intervenir en la vida privada de los individuos y de las organizaciones e instituciones sociales.

El asunto es que mientras las estructuras económicas de las organizaciones delincuenciales continúen intactas, cualquier estrategia en contra de éstas será muy limitada, demasiado limitada.

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