El aborto: asunto de salud pública, no de moral

Por: Tania Díaz Chávez

Las leyes suponen una expresión de la realidad social, del entorno, las coyunturas y las condiciones en un tiempo y espacio determinado, siempre apegados al marco irrestricto de los derechos fundamentales y universales. Esos aspectos deben ser tomados en cuenta al momento de legislar y orientar políticas públicas que incidan directamente en las condiciones de vida de la población, sobre todo de aquellos grupos históricamente vulnerables, que difícilmente son escuchados. Por ello nuestros representantes en la Cámara de Diputados enfrentan un enorme reto al legislar en temas tan polémicos como la despenalización del aborto; deben hacerlo desde una posición laica, tomar en cuenta la asesoría de especialistas en el tema, tener argumentos con bases científicas y jurídicas, con estudios serios y fundamentados, y no en el hecho de que la medida puede ser o no popular y generarle o no simpatía en grupos que basan sus reclamos en la religión, la ignorancia o ideas personales que al imponerse afectan los derechos o la vida de otras personas.

La realidad es tan compleja que amerita ser analizada desde una transversalidad con enfoque de género, que incluya lo cuantitativo y cualitativo. Por ejemplo, las estadísticas muestran que el aborto es la tercera causa de muerte materna según el último Censo de INEGI; esto se debe en mayor parte a que quienes abortan lo hacen en condiciones de clandestinidad. El aspecto cualitativo permite ver cómo las múltiples razones que llevan a una mujer a decidir abortar, las orillan a realizarlo de manera ilegal e insegura. El castigo legal sobre el aborto propicia condiciones de inequidad entre las mexicanas y que miles pongan en riesgo su salud y sus vida.

De acuerdo a las ciencias sociales y humanidades, aún existen ideas que deben ser desmitificadas, como la cuestión de generalizar las secuelas psicológicas y emocionales, así como el tema del “instinto materno”, el cual -según Volnovich (1993)- es un mito de la modernidad. En realidad la idea de la existencia de un instinto maternal, que determine la conducta de las mujeres al respecto, puede cuestionarse desde dos vertientes: desde la antropología, que muestra la diferencia de las concreciones del amor maternal en las diferentes culturas, y desde la historia que evidencia las evoluciones y cambios de ese sentimiento en el tiempo(1). La salud sexual y reproductiva debe comprenderse en el contexto en que las sociedades ejercen los roles de género y, en el caso de las mujeres, de la posición de desventaja en que viven en ciertos contextos sociales.

Las acciones en materia de salud sexual y reproductiva están sujetas a un marco jurídico internacional y nacional. Sin embargo, a pesar de que México ha firmado la mayor parte de los compromisos y tratados orientados a promover y garantizar el derecho a decidir, el derecho a la vida y a la salud sigue estando sujeto a servicios públicos con abismales carencias.

Por ejemplo, en el 2000 la ONU realizó la Cumbre del Milenio en la que se adoptó la Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), destacando de éstos el quinto: “mejorar la salud materna”. También la Organización Mundial de la Salud, publicó el libro “Aborto sin riesgos” retomando la importancia de que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar a las mujeres el acceso a los abortos supervisados por los sistemas de salud pública. Son 70 los países del mundo que garantizan el acceso a hospitales públicos para las mujeres que deciden interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas de gestación.

Contradictoriamente, los estados mexicanos no han adaptado sus leyes ni sus políticas públicas orientadas al cumplimiento de dichos lineamientos nacionales e internacionales, exceptuando el Distrito Federal, que en el año 2007 aprobó una ley para despenalizar la interrupción del embarazo hasta la 12ª semana. Esta ley fue elaborada con un sentido integral que incluye realizar las tareas necesarias para reducir la tasa de embarazos no deseados. En la ciudad de México las mujeres ahora cuentan con una ley que garantiza su derecho a decidir sobre su salud y su vida en relación con la reproducción. Armando Ahued Ortega, Secretario de Salud del DF dice “se acabó el aborto clandestino en la Ciudad de México, se acabó la muerte de mujeres que tenían que abortar, se acabó ese problema de salud pública”, mientras que Raffaela Schiavon, directora general de Ipas-México informó que a raíz de dicha legislación se ha reducido el número de mujeres que acuden a los servicios médicos de emergencia por complicaciones de un aborto inseguro o mal practicado.

Recientemente el tema se ha comenzado a discutir en Coahuila, diversas organizaciones y expertos en el tema, como la Red de Mujeres de la Laguna, se han pronunciado a favor de la legislación orientada a despenalizar el aborto y a integrar toda una política orientada a la educación sexual y reproductiva, el ejercicio de los derechos, el empoderamiento, etc.; también han organizado paneles, foros y demás espacios para el análisis y el diálogo en cuestión. Éstas iniciativas no buscarían promover el aborto, sino que las mujeres tengan las condiciones jurídicas y materiales para poder ejercer sus derechos a la salud, la vida y la decisión sobre su cuerpo. Al respecto, la organización Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) señala que tener una legislación por cada entidad hace que “el acceso al aborto sea un tema de justicia social y de discriminación de género”.

Organizaciones civiles han documentado que a nivel nacional desde 2009 decenas de mujeres han sido encarceladas porque su embarazo fue interrumpido. Entre las encarceladas abundan los casos de mujeres que sufrieron abortos espontáneos por enfermedad, desnutrición o por trabajar en el campo en condiciones insalubres, pero aun así fueron detenidas y recibieron sentencias de hasta 35 años en prisión. En todas, el común denominador es que son mujeres pobres, muchas de ellas indígenas. “En este delito la justicia es selectiva, sólo focaliza sus esfuerzos para criminalizar a mujeres pobres…” Le comenta a BBC Mundo Verónica Cruz, Directora de la Organización “Las Libres”.

La situación y los hechos piden a gritos legislar al respecto. El aborto electivo en México es un asunto de justicia social y salud pública, no es un asunto de moral.

 (1)Ya el cuestionamiento al instinto maternal, aparecía en 1949 con Simone de Beavoir, quien puso en duda la supuesta naturalización de las conductas de las madres, y además, propuso directamente situarlas como parte de la cultura aprendida. Según la antropóloga Dolores Juliano, la hiperbolización de la maternidad ha ocurrido al superar el campo de las opciones posibles, al campo de lo “natural”, es decir, que se trata el tema como un cierto mandato instintivo y esencialista que supuestamente todas las mujeres deben cruzar, más allá del entorno social. Muchas veces no se lee la maternidad como un constructo social, como conducta que forma parte de un devenir histórico y situacional concreto, en otras palabras, como comportamientos que aprendemos por las influencias que aprendemos en nuestro entorno.




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