Desaparecidos: la búsqueda por mano propia

La guerra contra el narcotráfico ha dejado un saldo sumamente cruento en el estado de Coahuila, con miles de ejecuciones por la lucha entre las mismas organizaciones criminales, la lucha entre éstas y las fuerzas de seguridad y, lo más doloroso, la desaparición y muerte de cientos de civiles que nada tenían que ver con la delincuencia, pero se encontraban sencillamente en el lugar equivocado a la hora equivocada. Debido a que los esfuerzos de las autoridades por resolver las desapariciones no le han parecido suficientes, un gran número de familiares ha optado por tomar la búsqueda por mano propia.

Por: La redacción / Agencias

A finales del 2014, Juan José Yañez, Subprocurador para la Búsqueda e Investigación de Personas no Localizadas, declaró oficialmente que desde la creación de la dependencia van mil 600 personas encontradas en las diferentes regiones del estado, el 80% con vida, pero aún están en la búsqueda de mil 900 personas, por lo que seguirán los operativos en municipios como Francisco I. Madero y San Pedro, así como en la región centro y sureste.

Mediante un operativo masivo emprendido por el gobierno estatal que encabeza Rubén Moreira, en el cual participaron una gran cantidad de funcionarios públicos, se detectaron en diferentes municipios del norte del estado, principalmente, fosas clandestinas donde habían sido enterrados restos humanos durante el periodo más álgido de la lucha contra el crimen organizado. La cantidad de restos humanos encontrados es escalofriante: 3 mil 450 restos óseos, una parte de los cuales eran relativamente recientes, pero se estima que fueron enterrados durante el periodo del gobierno de Humberto Moreira Valdés y el interinato de Jorge Torres López, que van del 2006 al 2011.

El procurador general de justicia del estado, Homero Ramos Gloria, ha declarado oficialmente que de esos 3 mil 450 restos localizados en las fosas clandestinas, sólo 473 sirvieron para pruebas de ADN, los cuales son analizados por las autoridades federales. Esto hace prever que la mayoría de los restos quedarán sin identificar, como personas desaparecidas, no se sabe si estos restos provenían de otros estados vecinos, como tampoco se sabrá cuántos pertenecieron a personas que radicaban en el estado de Coahuila. Una tragedia humanitaria que ha trascendido a nivel internacional, pero que, por circunstancias mediáticas y políticas, no ha tenido la relevancia que han tenido otro sucesos mucho menores.

Hasta la fecha, de acuerdo a las declaraciones de Juan José Yáñez, sólo han sido detenidas cuatro personas, dos de ellas ex policías del municipio de Allende, y se han girado otras cuatro órdenes de aprehensión de personas cuya identidad no ha sido revelada.

 Los detenidos enfrentarán proceso penal por el delito de secuestro calificado, con la modalidad de ocasionar un daño cometido en grupo y con violencia. En los casos de los ex policías este delito es agravado, por haberlo cometido desempeñándose como elementos de seguridad pública.
En proporción a la magnitud de los hechos, hasta ahora las investigaciones por parte de las autoridades gubernamentales de los diferentes niveles de gobierno, tanto estatal como federal, han sido duramente cuestionadas por considerarlas insuficientes y lentas.


UNA BÚSQUEDA DESESPERADA

Primero con el propósito de exigir la búsqueda de sus familiares desaparecidos y, con el paso de los meses, como un grupo de denuncia muy activo en contra de las autoridades gubernamentales, la Fundación de Desaparecidos en el Estado de Coahuila, Fundec, o Asociación de Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, han emprendido desde hace cinco años una lucha desesperada para localizar a sus familiares, ante lo que consideran como la indiferencia e ineficiencia gubernamental. A su lista de desaparecidos se han ido agregando nombres, hasta alcanzar los 328 que están debidamente documentados.

A principios de 2015, la asociación de familias con desaparecidos ha iniciado, por su cuenta, la búsqueda de restos humanos en algunos parajes de la Comarca Lagunera. Tienen el apoyo de las corporaciones de seguridad, así como la ayuda de peritos especializados en la identificación de restos humanos, pero manifiestan abiertamente que no confían en los organismos de seguridad del estado, debido a la experiencia que han tenido en otras regiones de Coahuila, y también a las confrontaciones que se han dado con diversos funcionarios públicos. Para ellos la desaparición de un familiar es una desgracia personal; para los funcionarios es un caso más que hay que resolver de los mil 900 que se encuentran pendientes, más allá de la listas de 328 que reclama la asociación.

El caso de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, donde se busca a 43 estudiantes desaparecidos, ha cimbrado al gobierno de Enrique Peña Nieto, al convertirse en una protesta de alcance nacional aprovechada por organizaciones y partidos de izquierda, lo que ha reactivado los esfuerzos de los grupos civiles que buscan a sus familiares desaparecidos en diferentes estados de la república, entre ellos Coahuila, donde el problema es mucho más crítico, pero no ha atraído de manera importante la atención de la sociedad civil, por lo menos no en La Laguna, que ha sido la región del estado más golpeada por la violencia desde el año 2007...



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