Los políticos: corrupción y transparencia


El 26 de agosto de 2014 el gobierno estatal promulgó la nueva Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, aprobada por el Congreso del Estado. Dicha ley permitirá combatir actos de corrupción en el gobierno, porque obliga a difundir las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de los 38 ayuntamientos de Coahuila; lo mismo propiedades y dinero que posean en México o en el extranjero. Sin embargo, casos de corrupción más urgentes, como la megadeuda estatal, siguen sin transparencia alguna.

Por: La redacción / Agencias

Para el coahuilense promedio, aun para quien tenga un nivel de educación escolar alta, sencillamente no hay información y menos una explicación de cómo es que se formó la gigantesca deuda estatal, cómo se encuentra compuesta financieramente, a qué instituciones bancarias se les deben qué montos. Lo único que es parcialmente conocido es que se tiene que destinar al pago de la misma casi el 10 por ciento de los recursos presupuestales totales de cada año, lo que representa el margen de maniobra que tenía el gobierno estatal para realizar inversión pública en el estado. Se pinta un escenario muy delicado para la inversión pública en Coahuila durante  un periodo muy largo. 

El pasado mes de septiembre de 2014, ante la Comisión Especial del Congreso del Estado, encargada de darle seguimiento a la deuda pública del Coahuila, que asciende a un poco más de 40 mil millones de pesos, Ismael Ramos, Secretario de Finanzas, y Armando Rubio, subsecretario de Ingresos y Deuda Pública, dieron a conocer oficialmente a los legisladores integrantes de la mencionada comisión, que se enfrentan a dos problemas: el primero, la sustracción de documentos oficiales y, el segundo, la imposibilidad de corroborar la prestación de servicio de los proveedores con los que actualmente se tienen adeudos.

Debido a la sustracción de documentos, el actual gobierno estatal supuestamente no puede explicar a dónde fueron a parar 18,000 millones de pesos, que no aparecen en la cuenta pública de los gobiernos de Humberto Moreira Valdés y de Jorge Torres López, éste último interino y exencargado de las finanzas estatales en el gobierno del primero.

Después de tres años de iniciado el gobierno de Rubén Moreira Valdés, no se ve en el horizonte político estatal ninguna posibilidad de que se aclare la gigantesca deuda pública de Coahuila, que era de tan sólo 300 millones de pesos al inicio del gobierno de Humberto Moreira, caracterizado por la disipación, la corrupción y el desorden en la administración pública.

En contraste, el 26 de agosto de 2014 el gobernador Rubén Moreira promulgó la nueva Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, aprobada por el Congreso del Estado. Dicha ley permitirá combatir actos de corrupción en el gobierno, porque obliga a difundir las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de los 38 ayuntamientos de Coahuila; lo mismo propiedades y dinero que posean en México o en el extranjero.

También manda a sindicatos y universidades que reciben recursos del erario, así como a los gobiernos estatal y municipales, a rendir cuentas y dar a conocer montos de los contratos y convenios de publicidad con medios de comunicación; además pide regular Casas de Empeño, cuentas a notarios públicos, informar de las pensiones de los burócratas y detalladamente de la deuda pública del estado.

Dispone además una serie de medidas para garantizar la transparencia y evitar la opacidad y discrecionalidad en el ejercicio de los recursos que, vía pago de impuestos, aportan los  contribuyentes.

El nuevo marco legal de transparencia ordena a los funcionarios reportar los bienes que poseen: ranchos, casas, vehículos, negocios, cuentas bancarias de ellos, esposa e hijos, en el estado, en México y en otros países, a fin de detectar casos de enriquecimiento ilícito.
La disposición incluye al gobernador en turno y todos sus colaboradores directos, mandos medios y demás funcionarios de la administración pública.


LAS CONTRADICCIONES

La nueva ley ha sido recibida con fuerte escepticismo por parte de muchos sectores sociales, debido principalmente a la resistencia de las autoridades estatales para emprender investigaciones en torno a los funcionarios relacionados con la deuda, cuando es público que una buena parte de la misma fue contratada con documentos falsos, que están en poder de los bancos correspondientes, además de evidencias probadas que orientan hacia la desviación de miles de millones de pesos por parte de funcionarios del más alto nivel, quienes eran responsables de las finanzas del estado y de la gubernatura interina.

Mientras que la Procuraduría General de Justicia del Estado, como la Auditoria Superior del Estado, han declarado insistentemente que se han turnado algunas denuncias sobre el asunto de la deuda, pero dichas denuncias han sido hasta ahora difusas y no han tenido una continuidad, mientras que la fiscalía del poder judicial al sur del estado de Texas ha abierto ya varios procesos en contra de exfuncionarios públicos y sus socios; ha encarcelado a varios de ellos y ha girado orden de aprehensión en contra de Jorge Torres López, gobernador interino del estado en el periodo de Humberto Moreira Valdés.

El caso más importante ha sido hasta ahora la aprehensión de Javier Villarreal, extesorero general del estado, quien se declaró culpable de varios cargos judiciales como lavado de dinero y defraudación, entre otros. Para salir libre bajo fianza entregó al estado norteamericano dos millones de dólares que le habían sido detectados en cuentas bancarias, además de la confiscación de varios bienes, pero considerando los montos que han sido defraudados al erario de Coahuila, dos millones de dólares son apenas alrededor de 30 millones de pesos, una cantidad muy pequeña si se toma en cuenta que hubo tramitación de créditos fraudulentos en bancos mexicanos hasta por 5 mil millones de pesos. [...]




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